Melilla y Ceuta constituían dos privilegiadas plataformas de blanqueo de dinero para quienes se dedicaban a las grandes operaciones de venta de alijos de hachís y derivados. Era la conclusión a la que llegaban tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Hacienda tras comprobar cómo nuestra ciudad y la hermana del Estrecho arrojaban unas cifras de transacciones de divisas espectacularmente superiores a las del resto del país, según el diario El País.
La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, reclamaba a las autoridades comunitarias una mayor sensibilización para con el gravísimo problema de la inmigración ilegal que padecía la ciudad de Melilla, sugiriendo la financiación de programas de apoyo a la ciudad.
