Javier Diego, coordinador del Grupo Parlamentario, exige medidas urgentes para abordar ‘fraude, pérdida salarial e inseguridad’ en servicios esenciales.
Vox Melilla se ha reunido con representantes del sector de la seguridad privada en la Ciudad Autónoma, exponiendo lo que califica como una ‘situación límite e insostenible’ que afecta a numerosos trabajadores en hospitales, centros de menores, infraestructuras críticas, eventos públicos y edificios oficiales.
Javier Diego, secretario de Vox Melilla y coordinador del Grupo Parlamentario, ha señalado que los vigilantes de seguridad privada han visto disminuir su poder adquisitivo real en más del 35% en los últimos seis años, un descenso mayor que la media nacional. Esta pérdida se debe, según Diego, a «convenios insuficientes, jornadas abusivas y una falta de control administrativo».
«Estamos hablando de profesionales que trabajan de noche, en festivos, solos, durante turnos de hasta 12 horas, por salarios indignos», destacó Diego, añadiendo que se les exige actuar como primeros intervinientes en situaciones críticas.
Durante el encuentro, se denunció que solo el 15% de los vigilantes a nivel nacional ha superado los exámenes de la Policía Nacional, mientras que academias privadas otorgan habilitaciones profesionales sin los filtros necesarios. Vox Melilla considera que esta práctica compromete la seguridad de trabajadores y ciudadanos.
Asimismo, la formación política alerta sobre el uso de figuras inexistentes como los «auxiliares de servicio» para sustituir a vigilantes cualificados en contratos públicos, reduciendo costes a expensas de la seguridad en servicios esenciales. Diego afirmó: “No puede ser que servicios críticos se cubran con personal sin formación”.
La formación y medios de los vigilantes fueron también puntos destacados en la reunión. Se denunció la falta de medios básicos como desfibriladores en edificios públicos y la inseguridad jurídica constante.
Vox Melilla exige una reforma integral de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, controles reales por la Policía Nacional y el reconocimiento de la peligrosidad del sector para garantizar salarios y descansos dignos.
