El secretario de Vox Melilla y coordinador parlamentario, Javier Diego, ha denunciado la “chapuza legal” tras la anulación de las plazas reservadas a militares temporales en una convocatoria pública, una situación que, a su juicio, evidencia “la falta de rigor jurídico y la improvisación con la que se están gestionando cuestiones que afectan directamente al futuro de quienes han servido a España”.
Diego ha subrayado que el problema no reside en la finalidad de la medida, sino en su ejecución, ya que apunta que la reserva de plazas se ha sustentado en un convenio administrativo con el Ministerio de Defensa “sin el respaldo necesario en una norma con rango de ley que garantice su legalidad”.
En este sentido, ha advertido de que este caso pone de manifiesto un “problema de fondo”, que es la utilización de instrumentos jurídicos inadecuados para introducir medidas que afectan al acceso al empleo público, “vulnerando principios básicos como la igualdad, el mérito y la capacidad”.
“Esto no va de estar a favor o en contra de nuestros militares. Va de hacer las cosas bien. Y aquí se ha hecho mal desde el principio”, ha criticado con aplomo.
Asimismo, ha recordado que el convenio fue firmado en 2021 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), lo que, a su juicio, “vuelve a demostrar una forma de gobernar basada en los anuncios y la propaganda, pero sin seguridad jurídica real”.
Vox considera “especialmente grave” que se haya trasladado a los militares la idea de que existían garantías reales de acceso, cuando en realidad la medida “carecía de la solidez jurídica necesaria, quedando expuesta a recursos y anulaciones”.
Por todo ello, ha exigido la depuración de responsabilidades políticas por “la mala gestión de la convocatoria” y la “revisión inmediata” de los mecanismos de acceso para garantizar seguridad jurídica.
