La extradición consentida por el Gobierno de Zapatero creó un peligroso precedente para los ciudadanos melillenses de origen bereber, que en caso de tener en un futuro problemas legales con el país vecino, podrían tener que pasar el mismo calvario que Alí Aarrás Han pasado ya casi cuatro años, pero el caso de Alí Aarrás sigue muy vigente porque todo un organismo internacional como es la ONU ha tirado de las orejas al Gobierno que dio luz verde a su extradición a Marruecos, que entonces estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. El Comité de Derechos Humanos acaba de declarar ilegal aquella extradición, algo que ya se advirtió desde Melilla y a lo que el Gobierno español hizo oídos sordos de manera inexplicable.
Los últimos coletazos del año 2010 estuvieron marcados por la polémica e incertidumbre del caso Alí Aarrás, un ciudadano comunitario, con pasaporte de Bélgica, pero de origen melillense, que había sido detenido en la ciudad dos años y medio antes por una orden de Marruecos. El país vecino lo acusaba de estar vinculado a una célula de terrorismo internacional, hechos por los que finalmente fue condenado en un juicio celebrado en Marruecos sin ninguna garantía legal. Además de la privacidad de libertad, Alí Aarrás ha sufrido torturas y malos tratos que también la ONU considera demostrados y por eso a principios de este año emitió otra resolución en la que exigía a Marruecos que lo pusiera inmediatamente en libertad y a indemnizarlo por los daños causados. Consideraba este alto organismo que Aarrás había sufrido un juicio injusto por la ausencia de pruebas materiales, torturas y detención arbitraria por parte de Marruecos, país que de manera vergonzosa sigue sin cumplir lo dictaminado por la ONU.
Si esto ya es grave, mucho más lo es la reciente resolución que señala a España por haber violado la ley al no evaluar el riesgo tortura de un extraditado a Marruecos. El Gobierno de Zapatero, con su empecinamiento en la extradición de Aarrás, incumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por muchos países, entre ellos España. Zapatero ya no está, afortunadamente. Ni tampoco los ministros que formaban su Ejecutivo y que también aprobaron la extradición de Alí Aarrás a Marruecos en noviembre de 2010, entre ellos quien ha sido hasta hace pocos meses el máximo responsable del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior. Sin embargo, el hecho de que ya no estén en el Gobierno no implica que España se libre de la condena y la vergüenza internacional que supone ser acusado de cometer una ilegalidad en todo un organismo como es la ONU.
España no es una república bananera, como ya dijo anteayer el abogado de Aarrás, y acatará este veredicto en vez de hacer como ha hecho Marruecos. Pero eso no resuelve el origen del problema, que fue desoír el clamor popular que salía desde Melilla, desde su propia Asamblea incluso, para que Aarrás no fuera extraditado. Gregorio Escobar, que entonces era delegado del Gobierno, no se puede escudar ahora con que Alí Aarrás era belga y no español. Sea como fuere, es un ciudadano comunitario con los mismos derechos que los nacionales, y con su extradición a Marruecos creó un peligroso precedente para los ciudadanos melillenses de origen bereber, que en caso de tener en un futuro problemas legales con el país vecino, podrían tener que pasar el mismo calvario que él. Esa incertidumbre para Melilla es una de las peores condenas que nos ha dejado el paso de Zapatero por La Moncloa, más que el castigo reiterado al que sometió durante años a esta ciudad sin merecérselo.
