El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, mostró ayer su interés en que se investigue la denuncia sobre supuesto maltrato a menores extranjeros no acompañados (MENAS) acogidos en el centro de protección La Purísima, contenida en un informe elaborado por la asociación Harraga, para comprobar si es cierta y en ese caso, actuar “con total contundencia”. En rueda de prensa, Ventura explicó que esta denuncia ya está en manos de la Fiscalía, el Juzgado de Menores y la Guardia Civil, que tendrán que determinar si, como afirma Harraga, se trata a los menores con “violencia química”, es decir, si se les ha sedado, y se les somete a maltrato físico, de manera que los supuestos responsables de estos hechos, en caso de que fueran verdad, paguen por ellos.
El consejero insistió en que es fundamental que se investiguen esos hechos porque se trata de “acusaciones muy graves” reflejadas en un “informe demoledor”. A juicio de Ventura, el documento presentado por Harraga tiene un contenido “catastrófico” y “lo suficientemente grave como para que a quien corresponda determine si es cierto o no”.
Ventura mostró su preocupación por este tipo de denuncias que hace Harraga “por los propios menores”, y negó tener conocimiento de que estén ocurriendo esos hechos en ninguno de los centros de protección dependientes de Bienestar Social.
“Ya quisiera yo saber si hay algún cuidador o educador que esté haciendo mal su trabajo, y en cuanto lo sepa, si ese fuera el caso, tomaremos medidas con total contundencia”, afirmó el consejero. De todos modos, también consideró que el informe de Harraga “no tiene fiabilidad ni validez”. “Hoy tenemos 354 menores en La Purísima. ¿Qué pintan 354 menores allí si se les trata tan mal?”, quiso saber.
Desmiente a Harraga sobre los mayores de edad
De hecho, pidió a los periodistas que no se crean todo lo que dice Harraga, asociación a la que desmintió respecto a su denuncia de que hay 40 jóvenes, mayores de 18 años, que estuvieron tutelados por la Ciudad Autónoma mientras eran menores de edad y, al cumplir la mayoría de edad, se han encontrado en la calle, en una situación de desprotección y sin documentación.
Este hecho fue denunciado en una manifestación el pasado día 10, sobre la que Ventura criticó que Harraga llevara a niños pequeños, lo que dijo parecerle “de mal gusto”.
Yendo al fondo de la cuestión, el consejero aclaró que los antiguos MENAS y actualmente adultos no estaban tutelados por la Ciudad Autónoma antes de que cumplieran los 18 años, ya que se escapaban del centro de protección para vivir en la calle. De esa manera, sin una presencia física en La Purísima, es imposible que la Consejería de Bienestar Social pueda cumplir todos los trámites documentales que sí se hacen a los menores que permanecen en el centro de acogida, como es la reseña en la Jefatura Superior de Policía, la autorización para practicarles las pruebas oseométricas o la toma de la huella dactilar. “Si pasan por el centro y se marchan, ¿cómo hacemos el tema documental?”, preguntó Ventura.
En cualquier caso, dejó claro que Bienestar Social no es responsable de los trámites administrativos una vez que los jóvenes inmigrantes cumplen 18 años, momento en el que ellos mismos tienen que interesarse por la situación en que se encuentran sus procesos documentales. “
De todos modos, señaló que los menores que se quedan en el centro y “cumplen las normas” tienen su documentación y no tienen problemas de este tipo, pues “salen adelante”. Además, recordó que su departamento no es el encargado de expedir la tarjeta de residencia, sino sólo de solicitarla la primera vez, ya que las renovaciones son de oficio y él como consejero no está “en Extranjería, ni en la Policía ni en el hospital para ver cómo hacen la gestión documental”. Aún así, dijo que le consta que todos estos organismos están llevando estos procesos documentales “con bastante eficacia” a pesar de que la presión migratoria de los menores “es muy grande”.
Para terminar, recordó a Harraga que “nadie pretende hacer daño a estos niños” y que aunque parte de su trabajo tiene una “buena intención” de ayudar a este colectivo, ésta no es “propiedad” exclusiva de las ONG, ya que “proteger a los menores es una obligación que tenemos todos, no sólo desde el punto de vista legal, sino también moral”.
