El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, instó de nuevo ayer a los trabajadores y directores de los centros de acogida de menores para que "no dejen pasar" las agresiones, amenazas o coacciones que reciban en el desarrollo de su labor y que presenten "denuncias detalladas" en Comisaría, porque señala que es el camino para que los jueces determinen que el menor sea enviado a centros de trastornos de conducta o al centro de reforma si como en el caso de las tres menores que agredieron hace unos días a una trabajadora de la Gota de Leche, se constatan comportamientos delictivos. En respuesta a Ciudadanos, el consejero indicó que hechos como el ocurrido hace unos días en el Centro Asistencial, en el que tres menores agredieron a una cuidadora, no es la primera que ocurre y que la diferencia en este caso es que el sucedo ha tenido trascendencia mediática. La solución a este tipo de hechos, señala en réplica a la formación naranja, no pasa por un aumento de la seguridad o de la plantilla como apunta, sino a "no dejar pasar este tipo de comportamientos y denunciar".
Dos vías de actuación
Afirmó Daniel Ventura que los menores que llegan a los centros de protección lo hacen "porque un juez determina que tienen que salir de su entorno familiar" y es el personal de estas instituciones de protección el que elabora programas educativos individualizados para cada menor. Para el bien funcionamiento del centro y buscando la máxima protección de los acogidos, existe un reglamento de régimen interno con las sanciones o medidas educativas a aplicar en el caso de que se produzca un incumplimiento de las normas.
Pero cuando las medidas son infructuosas y continúan los problemas, como ha ocurrido con estas tres chicas que agredieron a una cuidadora y que han sido enviadas al centro de reforma, "existen dos alternativas para el personal y la dirección del centro y no son las de venir al político de turno a quejarse, sino que es determinar con un informe psicológico si los comportamientos de los menores se pueden deber a trastornos de la conducta, por lo que con la orden judicial pertinente se ordenará su internamiento involuntario en un centro de trastorno de conducta".
La segunda alternativa es "a la vista de que las medidas educativas no funcionan y lo que hace es acosar, agredir, robar o coaccionar, el paso a dar ante estos comportamientos delictivos es denunciar y que el juez determine, como ha ocurrido en este caso, el ingreso en régimen cerrado en un centro de reforma". Pero estas decisiones "las toman los jueces y no los políticos", indicó en relación a las manifestaciones de Ciudadanos.
Denuncias
Daniel Ventura indicó que se ha instado a los trabajadores de los centros de acogida y a sus equipos directivos a que "no dejen pasar estos comportamientos y que denuncien, pero que presenten denuncias detalladas con todo lo ocurrido para que los jueces puedan actuar". Lo que queda claro es que si no se denuncian estos hechos, no se puede actuar. Dijo que no fue hasta agosto de este año cuando los trabajadores del Centro Asistencial empezaron a presentar las primeras denuncias contra estas menores. Es más, explicó que en una reunión que tuvo recientemente con la dirección del centro tuvo conocimiento de que se estaban produciendo este tipo de situaciones y que incluso algunos trabajadores "verbalizaban que habían sido agredidos pero que no habían presentado denuncia".
Reiteró que es preciso denunciar para acabar con situaciones como la que protagonizaban estas chicas que "han destrozado la convivencia y la vida del centro, tanto de los menores, como de las personas mayores, y del personal". Por último, dejó de manifiesto Daniel Ventura que los trabajadores de los centros de menores cuentan con su total apoyo, "que no les quepa la menor duda".
