El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, salió ayer al paso de las manifestaciones de la diputada de CPM, Dunia Almansouri que entre otras cuestiones considera que el reglamento de funcionamiento interno de los servicios sociales criminaliza a los usuarios y que en ocasiones «se le denigra», para asegurar que es la portavoz cepemista la que con este tipo de declaraciones «demoniza a los empleados públicos que estoicamente soportan en muchas ocasiones malas formas y malos modos de algunos usuarios». Afirmó además el responsable de Servicios Sociales que los trabajadores de su área, se someten con regularidad a una triple evaluación en la que se examina la labor que desarrollan.
Ventura dice coincidir «en cierta medida» con Almansouri en cuanto a «cambiar de forma racional la atención en los Centros de Servicios Sociales, pero eso si, siempre desde el respeto mutuo entre administradores y administrados». No obstante le recrimina que estas impresiones las traslade a la prensa y no en los órganos de debate.
Propuestas
Considera además que la diputada de CPM «falta a la verdad» cuando asegura que no se han admitido las propuestas de su partido en el Reglamento de Servicios Sociales, porque las actas de la comisión de Bienestar Social recogen la inclusión de «la propuesta en torno al régimen disciplinario de los empleados públicos y de los derechos y deberes de estos». En cuanto a la formación de los empleados públicos, esta propuesta «trascendía los límites de un reglamento interno, ya que la misma debe ser comprendidas dentro de la Viceconsejería de Administraciones Públicas».
Además manifiesta que al contrario de que se criminalice a los usuarios, en el reglamento «se recogen de forma expresa sus derechos y deberes, y lo que se hace para evitar la indefensión de los trabajadores que sirven en estos servicios sociales es tipificar una serie de conductas que deben ser corregidas por la administración en uso de sus facultad sancionadora, y en las que se debe seguir un estricto procedimiento en el que el usuario conserva todos sus derechos y facultades de defensa».
Trabajadores
Daniel Ventura asevera que los Trabajadores Sociales que atienden a los ciudadanos «son personal técnico muy profesional que además tiene entre sus funciones las de asesoramiento y por lo tanto tienen plena capacidad para orientar al usuario en su dinámica familiar y ciudadana, sin que ello signifique faltar al respeto de nadie, simplemente les orientan para que estos problemas no se reproduzcan en un futuro, atendiendo a que tienen que ser conscientes de sus propias responsabilidades con ellos mismos, con su familia y con la sociedad melillenses que es quien financia sus prestaciones. Los Servicios Sociales están destinados a cumplir una labor subsidiaria de las propias responsabilidades de los ciudadanos», asevera.
En relación a la pregunta de a quién evalúa a los técnicos, afirma que la diputada de CPM «vuelve a equivocarse ya que su evaluación es triple»: Una por la propia Administración por medio de las encuestas que periódicamente se realizan a los usuarios de estos servicios; dos, por la Empresa externa en lo referente a la acreditación de la normas de calidad que estos servicios tienen y por último, una tercera, la que se realiza desde la Dirección General de Servicios sociales, «sin olvidar que existe un libro de quejas donde los administrados pueden realizar sus quejas y sugerencias».
Aclara asimismo que el periodo de resolución de los expedientes «es de tres meses y se intenta cumplir con ese plazo de forma escrupulosa». Explica que a veces, «el incremento de solicitudes en momentos puntuales, y otras, la propia falta de colaboración del usuario en el aporte de la documentación, pueden exceder este plazo, sin que hechos puntuales como los descritos nos lleven a confirmar que esta circunstancia sea la regla general».
Demonización
Afirma Daniel Ventura que Almansouri con sus declaraciones «el efecto que consigue es precisamente demonizar a los empleados públicos que estoicamente soportan en muchas ocasiones malas formas y malos modos de algunos usuarios, sin que además, en la mayoría de los casos, lo comuniquen ya que en su gran mayoría lo consideran gajes del oficio». Esto no impide que «se trate de dignificar la atención que realizan y de poner cotos a presiones que en muchas ocasiones sufren por estos usuarios que aun no reuniendo los requisitos previsto en la normativa pretenden acceder a ayudas que estos empleados tienen la labor de tramitar y que no corresponde a ellos juzgar si son correctas o no, sino simplemente cumplirlas con la mejor diligencia».
Entiende que la diputada de CPM «de nuevo hierra en sus apreciaciones» al hablar sobre la oportunidad de publicar un reglamento de los centros de servicios sociales, ya que «para cualquier Administración, la primera actuación que debe realizar es dotarse de un régimen orgánico que recoja su ámbito de competencias y las funciones que desarrolla y como en este caso, recoja los derechos de los usuarios y sus obligaciones, ya que ello va a ser lo que posteriormente nos indique si el mismo es adecuado o no a las funciones que realiza o necesita ser modificado en cuanto a su estructura o régimen».
La de Dunia Almansouri, una actitud a cambiar
En relación al hecho de que los empleados públicos que puedan desarrollar las funciones de coordinación de los centros de servicios sociales deban tener la condición de funcionarios, «es algo que ha partido no desde esta Consejería sino de Administraciones Públicas en atención a las funciones que los mismos desarrollan, que lamentablemente los puestos no se cubrieron pese a que salieron a concurso en publica concurrencia para todos los funcionarios municipales y que se han empezado a cubrir los puestos que requerían una atención más urgente».
Por último, dice esperar que la actitud de Dunia Almansouri como diputada del grupo CPM de la Asamblea de Melilla, «sea la correcta y defienda en igual medida tanto al personal de la Administración como a los ciudadanos, los cuales son el sentido de nuestro existir en esta nuestra honrosa tarea, la de servir a la Sociedad en general, a toda la Sociedad, sin criminalizar a ninguno de los sectores mencionados».
