Ha sido sorprendente, espectacular e ilusionante para la libertad de los ciudadanos de Venezuela la operación del 3 de enero realizada por las fuerzas especiales de EEUU, culminada con la detención del dictador Maduro y su puesta a disposición del Tribunal de Justicia de Nueva York para responder de acusaciones de organización criminal y narcoterrorismo. El Presidente Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio han aclarado que esta operación, tras ese motivo judicial, persigue evitar que la industria del petróleo caiga en poder de China y vuelva a las empresas americanas que fueron confiscadas por el régimen dictatorial militar de Venezuela; también han dicho que el régimen ha quedado provisionalmente bajo su tutela sin alteración del statu quo jurídico-político y han permitido que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, haya sido elegida presidenta por la Asamblea Nacional venezolana en un simulacro democrático.
Lo importante ha sido la salida de la escena política del déspota Maduro dando un balón de optimismo a los ciudadanos que han sufrido el miedo y la realidad de la persecución política, la detención arbitraria y la tortura en las cárceles de esa cruel dictadura. Así, ha comenzado lentamente la puesta en libertad, que debe ser completa e inmediata, de los más de 800 presos políticos que están encarcelados. También es una ventana abierta para el regreso a su país de 8 millones de exiliados (un tercio de la población) deseosos de recuperar la convivencia pacífica, las instituciones democráticas y el reconocimiento de González Urrutia como Presidente de Venezuela que fue elegido, con el apoyo de los partidos que aglutina Corina Machado, por más de 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones que obtuvo Maduro en las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024.
Las autoridades americanas exponen las dificultades de una rápida transición a la democracia por dos razones. La primera, por la situación de facto de la existencia de una dictadura militar de 25 años que requiere un tiempo prudente para desarticular la organización represora encajada en la policía y organismos para poder celebrar unas elecciones libres. Y, la segunda, por el desastre de las finanzas públicas de Venezuela que exige la urgente explotación y venta a precios de mercado del petróleo para disponer de los recursos que necesita la población del país.
Lo realizado por EEUU es muy importante porque el petróleo es estratégico en la política internacional ya que China depende del petróleo que importa de Venezuela y de Irán (entre ambos, el 35% del total de sus importaciones) y, con esta pérdida de suministros, sufrirá un fuerte golpe para sus aspiraciones sobre Taiwán y deberá reducir su influencia sobre los países de ideología comunista-populista.
Otro efecto que quiero destacar sobre esta acción contra un cruel dictador es la falta de fundamento jurídico en la crítica expresada por algunos juristas, españoles y extranjeros, afirmando que ha violado el principio de Derecho Internacional Público de no injerencia en los asuntos de otros países. Omiten esos juristas que Maduro y su gobierno han cometido innumerables delitos probados contra los derechos humanos. Han detenido arbitrariamente a sus conciudadanos, los han hecho desaparecer, torturado y atacado con las armas por oponerse a la dictadura. Esta represión representa una violación de los derechos humanos que están amparados por la Carta de las Naciones Unidas, la DUDH y los Tratados específicos contra la tortura y Protección de los derechos civiles. Sin embargo, los juristas críticos consideran preferente el principio de no injerencia entre estados (como si fuera un concepto absoluto) y lo colocan como escudo protector de déspotas y dictadores. Evidentemente, el Derecho Internacional no puede dar más peso al principio de no injerencia que a la esencia del Derecho (búsqueda de la justicia) y del Derecho Internacional (desde la Escuela de Salamanca se reconoce la dignidad de la persona, el respeto a la vida y a la integridad personal). Los Tratados Internacionales permiten a la ONU actuar con más vigor que formular una simple condena sobre los actos inhumanos de un régimen dictatorial.
(*Carlos Entrena es melillense y presidente del Club Liberal Español)
