El candidato de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, propuso ayer ante los medios varias medidas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones y cargos públicos para generar unas administraciones “más garantistas, justas y transparentes”. Entre las propuestas de la formación se encuentra el refuerzo de la figura del interventor o la creación de un registro de actividades profesionales coincidentes para “evitar el conflicto de intereses” con la administración. El candidato de UPyD, Emilio Guerra, explicó ayer ante los medios de comunicación varias propuestas relativas a los órganos de la administración y cargos públicos que desde la formación consideran de "interés general", para que las administraciones funcionen "dentro de unos parámetros de eficacia" y que “ayuden a tener una administración más justa, transparente y garantista".
Según explicó el candidato de la formación en Melilla estas medidas van encaminadas a "evitar las irregularidades en el ámbito de la contratación y alteraciones sustanciales en las llamadas modificaciones y obras complementarias; eliminar anomalías en los criterios de selección de concurso o para impedir que el dinero público se canalice a través de empresas afines mediante la adjudicación de contrato para que luego como viene siendo habitual se devuelve contratando a familiares o amigos".
De esta manera, para fomentar la transparencia en las administraciones, UPyD propuso instar al Gobierno de la nación a "reformar el procedimiento de contratación de empresas y de servicios públicos", así como, "reforzar las funciones de los interventores y los órganos de fiscalización pendientes de los cargos públicos".
Asimismo, Guerra explicó que "es necesario volver al sistema de intervención previa, controlando el gasto antes de su ejecución". Otra de las propuestas de la formación pasa por "garantizar la consulta accesible a cualquier ciudadano, mediante al menos un enlace habilitado a la web correspondiente de la institución o empresa públicas".
A su vez, UPyD defendió la necesidad de "habilitar un registro de actividades profesionales coincidentes", en concreto, que todo cargo público y profesional que ejerza un cargo en una institución pública o empresa municipal "debe hacer constar sus actividades profesionales y sus participaciones en cualquier otra empresa que pueda estar relacionado con la empresa pública que está gestionando".
Para la formación los cargos públicos "deberían reseñar en ese registro de actividades la existencia de actividades profesionales coincidentes por parte de su cónyuge o personas de parentesco hasta segundo grado", todo ello con el fin de "evitar el conflicto de intereses que en ocasiones se producen".
