El coordinador de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, ha informado de la interpelación de su grupo parlamentario en el Congreso para que el ejecutivo de Mariano Rajoy, el próximo miércoles 19 de marzo, explique en la Cámara Baja cuáles son los propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política, un "virus que se expande en Melilla", dijo. A través de una nota, afirma que la corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a los españoles después del paro, según se desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), algo corroborado también en un informe de la propia Comisión Europea, donde se concluye que España, es uno de los países donde el problema está más extendido.
UPyD lleva "advirtiendo" desde comienzo de la legislatura de la "corrupción generalizada" que está "infectando el sistema" y proponiendo medidas que han sido sistemáticamente rechazadas por la mayoría del PP y otros grupos. Al respecto, su portavoz, Rosa Díez, considera que el nivel de corrupción que existe en España ha sido favorecido por el "pacto de silencio" que siguen PP y el PSOE, y por la sensación de impunidad existente por un comportamiento inadecuado de los órganos de fiscalización y control. "Los grandes partidos no quieren tocar el tema y ya no se puede seguir así durante más tiempo", apostilló. Para Guerra, el avance de la corrupción demuestra que tenemos un sistema y unas instituciones "decadentes y rotas". Según el dirigente local de UPyD, se trata de "toda una fórmula para imponer un sistema sustitutivo a la democracia", y mucha culpa de eso, subrayó, "viene como consecuencia de la instauración de una partitocracia de excesos y derroches, que antepone el interés particular al general". UPyD viene proponiendo llevar al Código Penal, como un delito específico, la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento ilícito de los políticos. Además promueven que quienes han sido citados ante un juez y salen como acusados de delitos contra la administración, con un auto de apertura de juicio oral, sean inelegibles por ley y deban abandonar inmediatamente sus cargos, sin esperar a la celebración de ese juicio y menos aún a la sentencia.
