El coordinador de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, con motivo del Día de Todos los Santos aprovechó para pedir al Gobierno que se responsabilice del mantenimiento de los cementerios españoles que se reparten fuera del territorio nacional.
A través de una nota de prensa ha criticado “la dejadez y la falta de atención institucional” en los muchos camposantos españoles que existen en Marruecos, Rusia, Vietnam o Filipinas, entre otros países.
Según el dirigente magenta local, “lo justo sería poner un poco de empeño en los citados cementerios, donde reposan miles de españoles, muchos de ellos caídos gloriosamente en defensa de los intereses de la patria”. Algunos de esos recintos, matizó Guerra, “están en situación de abandono, cayéndose a pedazos sin apenas los mínimos cuidados y mantenimiento que serían deseables”.
Según recordó, su formación ya formuló una serie de preguntas al Gobierno en 2010 solicitado información concreta sobre el estado actual de los cementerios; las gestiones realizadas para transferir a nuestro gobierno aquellos que no ostentan titularidad española; las partidas presupuestarias para dotación de infraestructuras, vigilancia y mantenimiento de los mencionados espacios y su importe; inventario de cementerios y restos allí enterrados o las gestiones diplomáticas realizadas referidas a estos asuntos. También pidió UPYD entonces, se estableciera una “protección permanente” de los referidos cementerios, cuestión que fue rechazada.
Guerra manifestó que España comenzó a mostrar algo de «interés real y organizativo» en nuestros cementerios prácticamente desde 1973, período al que corresponden los primeros informes relativos al asunto. Posteriormente una Orden Ministerial con fecha 21 de marzo de 1980 establece una Comisión Interministerial para trabajar sobre un plan conjunto que hasta 1990 trabajó sobre la zona oriental de Marruecos.
Tras el paso de muchos los años, UPYD considera que «es momento de abordar un nuevo plan para atajar la notable situación de deterioro en la que se encuentran esos cementerios y establecer nuevos criterios de actuación tal y como ya se pidió al Gobierno en 2010».
