Asegura que el administrador de la vivienda “no quiere” renovarle el contrato del alquiler pese a haber abonado las facturas correspondientes. – Fuentes cercanas le advierten que “no tiene ninguna posibilidad” de permanecer en la vivienda
Una mujer melillense con una minusvalía del 66% denuncia que el administrador de la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 21 años en la calle General Astilleros “no quiere” renovarle el contrato de arrendamiento que tiene firmado con ella porque “no le convendrá”. “No le conviene seguramente. Meterá a gente del hospital, alumnos que vengan a estudiar, etc.”, supone en declaraciones al MELILLA HOY, agregando que, en el fondo, quiere “hacerme la puñeta”. “Es un tío muy duro”, asegura.
Todo ello, pese a que asegura que ella ha abonado los recibos correspondientes para permanecer en la vivienda, y que van desde el mes de enero hasta diciembre de este año.
Ante esta situación, recurre a la justicia y le asignan un abogado del turno de oficio que le comunica que el juicio por desahucio se celebrará probablemente a finales de este año o a principios del siguiente. No obstante, le ha advertido de que “no tiene ninguna posibilidad” de permanecer en la vivienda, “a no ser que el juez tenga estima de mí”. “Si al juez le da por decirme que me quede pues me puedo quedar, pero yo no me fio, porque gente entendida me ha dicho que tengo pocas posibilidades de quedarme en la casa”, remarca. Además del juzgado, esta mujer ha presentado también varios escritos a otros organismos alertando de su situación. Uno de ellos, al que ha tenido acceso este Diario, es un informe de instancia general de la Ciudad Autónoma de Melilla fechado el 1 de septiembre de 2023 en el que pide “por favor que me caduca el contrato de alquiler, voy a juicio. En cuanto tenga el juicio me voy a la calle’. Así como un burofax fechado el 1 de agosto del mismo año dirigido al administrador de la vivienda donde, por el momento, reside. “Me quiere echar y no tengo a dónde ir”, reza el escrito.
Emvismesa
Mientras espera a que se celebra el juicio, busca sin éxito una alternativa habitacional en EMVISMESA con el fin de que puedan proporcionarle una vivienda en la que poder refugiarse. Asegura que las veces que se ha reunido con el presidente del organismo público, Hassan Driss, éste último le ha alegado que “las casas están en juicio” debido a la gestión que realizó la anterior presidenta de la entidad, la cepemista Yonaida Sel-lam, durante la etapa del anterior Gobierno tripartito de CPM, PSOE y Eduardo de Castro. Pero no se lo cree. “Dice eso para quitarme del medio solamente”, critica, dejando claro que está dispuesta a pagar “lo que tenga que pagar” por conseguir, aunque sea, “una casa de alquiler”.
También ha solicitado el programa 3 de ayuda al alquiler que impulsó la anterior Consejería de Infraestructuras y Urbanismo, que le ha abonado dicha ayuda desde enero hasta mayo, quedándose a la espera de recibir el resto de las ayudas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, aún sin respuesta por parte de la actual Consejería de Fomento, que le alega que “el dinero está retenido en Hacienda”.
