Los melillenses tuvimos ayer una nueva entrega de la Operación Ópera, una investigación que parece una película de misterio por capítulos Los melillenses tuvimos ayer una nueva entrega de la Operación Ópera, una investigación que parece una película de misterio que se va dando por capítulos a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos. Poco oficial se sabe porque las diligencias son secretas, pero algunos, casi siempre los mismos que suelen anticiparse a los hechos, creen saber el final cuando la Justicia aún se encuentra dando los primeros pasos. Porque lo dijo ayer el presidente Imbroda, la falta de medios de los que el Estado dota a la Administración de Justicia la hace demasiado lenta, lo cual no es bueno para nadie. Ni para los propios jueces, que deben atender a muchos frentes a la vez, ni tampoco para los ciudadanos, que tienen que sufrir muchas veces en sus propias carnes la falta de agilidad de uno de los tres poderes del Estado y uno de los pilares más importantes de nuestro Estado de Derecho.
Las plataformas de jueces y magistrados muchas veces han denunciado públicamente estas carencias, llegando a insinuar que esta austeridad en los medios de los que se dota a la Administración de Justicia es provocada e interesada desde hace años por los propios políticos a los que compete esa misión, quizá para mermar esa capacidad de actuación a la hora de investigar casos de todo tipo, incluidos los que afectan a políticos. Y no sería de extrañar que los jueces llevaran razón en esas sospechas si prestamos atención a cómo los diferentes partidos se resisten a desprenderse del papel relevante que tienen a la hora de nombrar a los vocales en el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, del que depende la designación de los responsables de los tribunales que se encargan de juzgar casos especialmente sensibles, entre ellos los de corrupción.
Imbroda pedía ayer más medios para la Justicia. No es el primer ciudadano que piensa en esa necesidad. Cualquiera que haya tenido que pisar alguna vez un juzgado también se pregunta cómo es posible que algo tan importante para el Estado de Derecho, como es tener una Administración de Justicia en condiciones, tenga que enfrentarse en cambio a una carencia de medios tan acuciante cada día. El resultado lo tenemos en procedimientos judiciales que tardan años, o en investigaciones que se eternizan. La Operación Ópera va camino de ello, porque aunque la opinión pública empezara a saber de ella en septiembre, en realidad arrancó en el año 2009. Este caso va para cinco años porque la jueza que lo instruye, María José Alcázar, tiene que compatibilizarlo con el día a día en su juzgado, donde se apilan otros casos, y en el de guardia cuando le toca cada cinco semanas.
Y eso provoca que todos asistamos a una entrega por fascículos de una investigación que empieza a adquirir grandes dimensiones hasta el punto de que hayan tenido que venir más de 50 efectivos de la UCO desplazados desde Madrid. El hecho de que aún esté bajo secreto de sumario la investigación incentiva la falta de información, que también alarma a la población sobre qué está pasando realmente. Como otras veces hemos dicho en estas mismas líneas, es necesario tener en cuenta que la presunción de inocencia debe prevalecer aunque algunos no sepan que existe ese derecho mientras la jueza no dicte sentencia. Si finalmente hay condena, cada uno deberá asumir sus propias responsabilidades, que es lo que queremos tanto los melillenses como los políticos honrados.
