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Editorial

Un reglamento que no vale para nada

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Gloria Rojas, Eduardo de Castro y Mustafa Aberchán

El futuro es incierto para un Gobierno sorprendente en esta legislatura llena de sobresaltos que nos ha tocado vivir. Un Gobierno formado por tres socios políticos que, como algunos matrimonios rotos, no tienen más remedio que soportarse al carecer de otra salida para seguir adelante. Se necesitan los 13 para continuar caminando por la cuerda floja, aunque se pisen los callos y nunca desaparezca el riesgo de ponerse zancadillas entre ellos.
Y es incierto el futuro porque la llave que necesitaban PSOE y Coalición por Melilla, Eduardo de Castro, se ha quedado sin partido y se ha convertido de facto en un tránsfuga. No lo es aún de manera oficial porque los socios se están haciendo los remolones y no aplican lo que dice el reglamento. Ayer, una nueva medida para dilatar el proceso. Después de las medidas cautelarísimas solicitadas por De Castro, de las que no quiere soltar prenda en un ejercicio de ocultismo y poca transparencia que hace sospechar, ahora viene la petición de un informe jurídico. No será lo último que hagan con tal de no perder su mayoría, como ya se han encargado de anunciar, porque no descartan acudir a otros órganos, como el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado. Además, De Castro tampoco disimula al decir que tiene una “estrategia de defensa” y que tiene pensado adoptar otras medidas que le permitan disfrutar, un poquito más, del mullido sillón donde se sienta, supuestamente para defender el interés de los melillenses.
Todo ello nos lleva a una realidad evidente, y es que la norma que rige para el funcionamiento de la casa de todos los melillenses, que es la Asamblea, se está pasando por alto. Dicho de otra manera, el reglamento elaborado por los representantes de los ciudadanos no vale para nada porque la decisión que se tome la determinará un juez o el funcionario que va a hacer el informe jurídico necesario para resolver las dudas legales que plantea el reglamento. Si el reglamento plantea dudas legales, como dice el gobierno para no aplicarlo, quiere decir que no hicieron bien su trabajo para redactarlo en la legislatura anterior. Entonces estaban en la oposición, pero participaron activamente en la redacción de una norma que ahora se queda en papel mojado porque De Castro no se quiere ir, aunque eso suponga traicionar a los cerca de 2.000 melillenses que votaron a Ciudadanos en las pasadas elecciones, y la aplicación del reglamento despierta dudas, supuestamente, en quien debe hacer que se cumpla.
Si De Castro de verdad piensa que esos 1.897 votos fueron para él y no para las siglas con las que se presentó como cabeza de lista, entonces tiene un problema de percepción de la realidad o no tiene los pies en el suelo. Parece que ese es realmente el diagnóstico después de que el otro día dijera que como máximo él estará dos legislaturas en el poder. Lo dice como si tuviera partido por el que presentarse y como alguien, después de lo que lleva haciendo desde el 15 de junio de 2019, fuera a votarlo, teniendo en cuenta que prácticamente no le queda nadie de los que estaban con él en Ciudadanos. 

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