Hay gestos que, sin necesidad de grandes discursos, retratan con crudeza una forma de entender el poder. Conceder un solo minuto a Melilla para hablar de su financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es una mera anécdota de protocolo: es un símbolo. Un símbolo de cómo la Ciudad Autónoma es tratada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, como un asunto menor, prescindible, incómodo.
El presidente melillense, Juan José Imbroda, lo expresó con una contundencia difícil de rebatir: “Nos ningunean y nos menosprecian”. No se trata de una queja retórica ni de un exceso verbal propio de la confrontación política. Se trata de una denuncia que pone el foco en una realidad persistente: Melilla no tiene el espacio, ni el tiempo, ni la atención que merece cuando se discuten las grandes decisiones que afectan a su futuro.
Hablar de financiación autonómica no es hablar de cifras abstractas. Es hablar de servicios públicos, de sanidad, de educación, de políticas sociales y de la capacidad real de una administración para atender a su ciudadanía. Y en el caso de Melilla, además, es hablar de singularidad. De una ciudad frontera, extrapeninsular, con condicionantes geográficos, económicos y sociales únicos en el conjunto del Estado. Reducir esa complejidad a sesenta segundos resulta, como mínimo, ofensivo.
La escena cobra aún más significado si se observa el contexto general del Consejo. Más del 95% de las comunidades autónomas presentes —todas salvo Cataluña— expresaron su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central. Un modelo que, según denunciaron los consejeros autonómicos, nace “viciado” por un acuerdo previo con la ERC de Oriol Junqueras y por una bilateralidad que rompe cualquier principio de equidad. No es una crítica aislada ni partidista: es un clamor casi unánime de los territorios.
En ese marco de rechazo generalizado, Melilla también alzó la voz. O mejor dicho, intentó alzarla. Porque cuando apenas se concede un minuto para exponer las necesidades de una ciudad que depende en gran medida de una financiación justa y diferenciada, el mensaje implícito es claro: no hay voluntad real de escuchar.
