Si alguien pensaba que lo que le está ocurriendo al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla era una conspiración local de oscuros intereses, solo tiene que leer el demoledor informe confeccionado por Ciudadanos (Cs) a nivel nacional y que resumíamos este pasado lunes en nuestro periódico.
Compuesto de nada menos que 121 páginas, en el mismo se deja claro desde el principio que la expulsión de Eduardo Castro del partido y, ante su negativa a entregar el escaño, la solicitud de su cese como diputado de Cs para su conversión en diputado no adscrito y con ello la pérdida de todo cargo electivo de acuerdo con el pacto antitransfuguismo, es una decisión tomada en la formación a nivel nacional y en la que nada han tenido que ver fuerzas a nivel Melilla como ha querido señalar la primera autoridad, apuntando a intentos de asaltos al poder vía juzgados.
Como colofón de dicho informe, se deja claro que “La baja del partido convierte a Eduardo de Castro González en tránsfuga, en los términos del Pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos políticos”, asegura el escrito, firmado por la secretaria general de Cs, Marina Bravo.
Así, señala que el apartado primero del Pacto antitransfuguismo dispone que “cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los propuso quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.
Sin embargo, y a pesar de esta claridad, Eduardo de Castro ya ha dejado claro que no va cesar del cargo diga lo diga la Mesa de la Asamblea. Su propósito es ganar tiempo e intentar llegar al final del mandado, si antes no lo remedia la justicia o un movimiento de los partidos políticos que tienen en sus manos revertir la actual situación en la que Melilla, como ya ocurriera en 1998-1999, tuvo el dudoso “honor” de tener un presidente tránsfuga.
