La España de 2023 se ha caracterizado por la evidencia de que Pedro Sánchez es uno de los peores jefes de Gobierno de nuestra historia. Habría que retroceder a la experiencia del Frente Popular para encontrar casos similares: Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, José Rial, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.
Su gestión ya había sido pésima en la anterior legislatura, pero esta vez se ha superado. Tras perder las elecciones de julio vulneró las cuestiones más relevantes del programa electoral del PSOE y buscó alianzas con la ultra izquierda y los separatistas, a fin de continuar en el poder.
Para conseguir esto ha puesto en cuestión la democracia, el Estado de Derecho y la Nación. La aceptación de una amnistía que es manifiestamente inconstitucional y las cesiones a los separatistas catalanes y vascos tienen el rechazo mayoritario de la población y sólo el respaldo de un rebaño apesebrado: los sanchistas que constituyen hoy una degeneración del histórico Partido Socialista. La entrega del ayuntamiento de Pamplona a los continuadores políticos de la banda terrorista ETA ha sido una exhibición de infamia que supone la salida del PSOE del marco constitucional.
Algunas de las cesiones al prófugo Carles Puigdemont suponen apostar por la desigualdad entre los españoles y un conflicto sin precedentes entre el poder legislativo y el judicial, por la aceptación del llamado “lawfare”. El disparate es de tal calibre que varios dirigentes han puesto en duda la estabilidad psíquica de un presidente que miente sin parar; incluso han detectado rasgos que superan su habitual soberbia enfermiza para llegar a la psicopatía propia de un autócrata.
La prueba más evidente de su actuación antidemocrática fue, durante el debate de investidura, su propósito de establecer un muro entre su perversa mayoría y la oposición de centroderecha. Hay que estar políticamente muy perturbado para exponer semejante discriminación.
Pero no está solo. El ministro de Transportes, Oscar Puente, antiguo alcalde de Valladolid, llegó a justificar la infamia de Pamplona con el argumento de que EH Bildu es un partido “progresista y democrático”. Esto se llama traición a 855 asesinados, miles de heridos y cientos de miles de amenazados. Los socios de Sánchez y su banda ni siquiera han condenado los crímenes.
Sánchez y su Gobierno no tienen libertad de acción. Se encuentran en manos de unos delincuentes y sus cómplices, que están en condiciones de retirar su apoyo si el sanchismo no cumple los chantajes a los que se ha comprometido por escrito. Será incluso un mediador extranjero, salvadoreño, quien supervise mensualmente los cumplimientos de lo pactado. Nunca un gobierno español había caído tan bajo.
En definitiva, el sanchismo premia a quienes combaten la Constitución, niegan la Nación española y amenazan al Gobierno, mientras que desprecia a quienes actúan en el marco constitucional y respetan los pilares del Estado. En el PSOE se ha instalado una dialéctica política más propia de un manicomio que de una sociedad civilizada.
Al mismo tiempo prosigue el deterioro de los servicios públicos y de unas medidas que perjudican la actividad de las empresas, los autónomos y los particulares, por culpa de un aumento desmedido de impuestos, en lugar de restringir el derroche de gasto público. La repetición de un gabinete de 22 ministros, con más de un millar de asesores, constituye una exhibición de indecencia, lo mismo que el abuso de los vuelos en avión -el famoso Falcon- y en helicópteros del Ejército del Aire.
Esa presión fiscal afecta a todo el mundo. Una de las mayores falsedades de esta tropa es afirmar que la subida de impuestos se dirige a los ricos. Pondré un ejemplo de mi familia. El pasado agosto falleció mi madre. Tenía desde hacía doce años una pensión de viudedad y nunca había llegado al mínimo que exige presentar la declaración del IRPF. Hace unos días recibimos una carta de la Agencia Tributaria que exigía la declaración del año pasado. ¿Cómo era posible? Pues porque al no deflactar desde hace más de cuatro años la tarifa del IRPF tienen ahora que pagar rentas más bajas. Los hijos hemos tenido que abonar 90 euros.
Así es como estamos gracias a la irresponsabilidad de un individuo y sus secuaces.
