El sindicato UGT reprochó ayer al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, que haya prohibido que se celebre una concentración a las puertas del edificio de Telefónica para protestar por el impago de tres nóminas a los vigilantes de seguridad por parte de la empresa Falcon, adjudicataria del servicio en unas instalaciones que, a juicio de la organización sindical, deben ser consideradas como “críticas” en nuestra ciudad. Dicha empresa, que en Melilla solo trabaja para Telefónica, está denunciada por el Comité de Empresa ante la Audiencia Nacional por la vía penal por un presunto alzamiento de bienes. Debido a la prohibición expresa decretada por El Barkani en una resolución, la concentración de protesta ante la sede de Telefónica no pudo llevarse a cabo. En lugar de ello, UGT desplazó hasta el edificio a varios de sus responsables sindicales para informar a los trabajadores afectados y mostrarles su apoyo sin exceder un número de 20 personas, que es el límite establecido por la Ley para considerar que se está produciendo una reunión en la vía pública.
Según explicó ayer en declaraciones a los periodistas el secretario general de la Federación de Servicios de UGT-Melilla (FES-UGT), José Luis Faus, el origen de este tema hay que buscarlo el 5 de enero, cuando él mismo presentó ante la Delegación del Gobierno una petición de autorización para desarrollar una concentración ante la sede de Telefónica. Esta petición fue rechazada el jueves vía fax por el delegado del Gobierno, alegando que no se cumplían los plazos establecidos legalmente.
Faus reconoció que el artículo 8 de la Ley del Derecho de Reunión indica que las solicitudes para celebrar reuniones en lugares de tránsito público deben ser presentadas con una antelación mínima de 10 días naturales y 30 como máximo, aunque recordó que si hay causas de urgencia y necesidad, pueden las solicitudes presentarse hasta 24 horas antes.
A juicio del sindicato, esas razones de urgencia estaban implícitas en la petición porque los cinco trabajadores afectados llevan tres meses sin cobrar y eso afecta a su necesidad de alimentar y vestir a sus familias o pagar la hipoteca, de ahí que UGT considere “absolutamente reprobable” la conducta del delegado rechazando la petición.
En opinión del secretario general de UGT, Alonso Díaz, El Barkani ha interpretado la Ley “de forma torticera”. Asimismo, se preguntó si el delegado del Gobierno “desde su habitáculo y con su buen salario” no entiende la urgencia de que las familias estén sin cobrar, sobre todo en unas fechas tan señaladas como el periodo navideño.
“Estas cinco familias están pasando las de Caín”, aseguró Faus al recordar que han superado “las peores fiestas de su vida, en las que han tenido que decirle a sus hijos que los regalos de Reyes vendrán más tarde” al llevar tres meses sin cobrar. Eso supone cerca de 10.000 euros por cabeza por los impagos de Falcon, empresa a la que acusó de actuar con “inmoralidad”.
Faus también lamentó que el delegado del Gobierno haya rechazado la petición de concentración sin entrar en el fondo de la cuestión, y admitió que le había sorprendido después de que El Barkani sí se mostrara receptivo ante un problema similar en el caso de los vigilantes de seguridad de Serramar. Según UGT, la administración pública debería tomar también cartas en este asunto, habida cuenta que “se sospecha que supuestamente la empresa se ha comprado con el propio dinero de la empresa, estamos hablando de una atrocidad”.
El responsable ugetista advirtió de que aunque el delegado del Gobierno no permitiera la concentración de ayer, ellos seguirán apoyando a los cinco trabajadores afectados por los impagos. Alonso Díaz lo corroboró apuntando que El Barkani “no va a conseguir que este sindicato se calle”. También lamentó que “ningún delegado del Gobierno en esta ciudad ha restringido tanto el derecho de manifestación y a expresarse como éste”.
