Trece ciudadanos de origen marroquí se fugaron la noche del pasado miércoles de los módulos de acogida instalados en el Puerto de Almería, donde permanecían a la espera de que se decretara, en su caso, la expulsión del país por haber entrado al mismo de forma ilegal. Estas expulsiones de marroquíes hacia su país de origen suelen hacerse a través de los pasos fronterizos de Melilla y Ceuta.
Los inmigrantes emplearon unas mantas y una botella de agua “para evadirse”, ya que fue con estos elementos con los que se forzó el acceso. Así lo detalló el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, quien dijo que eran 18 personas las que se encontraban en este espacio y que “iban a ser trasladados a Marruecos en unas horas”, cuestión que, según apreció, era “intuida” por las personas que se han fugado.
García Lorca recordó que estos módulos cumplen una función “humanitaria”, ya que es donde se recibe a los inmigrantes tras su rescate en patera, si bien también señaló que, como segunda función, son consideradas “zonas de internamiento” donde quedan “retenidos” para “ponerlos a disposición judicial”. “No es un calabozo ni una cárcel. Sería más fácil llevarlos a la prisión provincial, pero hay que darles un tratamiento distinto”, añadió.
Con ello, el subdelegado consideró que la fuga no responde tanto a una cuestión de “seguridad”, tal y como criticaron desde la Unión Federal de Policía (UFP) desde donde señalaron que había cuatro agentes para custodiar el espacio, sino más al “ingenio” de los marroquíes y a su “voluntad de escaparse”.
Igualmente, el representante del Gobierno en la provincia apuntó que en los módulos “había gente que ya los conocía” y que “habían pasado por allí varias veces” en diferentes intentos de acceder al territorio nacional, de modo que incluso “durante un tiempo venimos detectando los distintos intentos que hay de huida, sobre todo muchas veces protagonizados por argelinos”.
En esta línea, apuntó que los inmigrantes son sometidos a una “revisión” para ver si llevan “instrumentos” que les permitan abrir los accesos al tiempo que se adoptan “medidas mínimas imprescindibles” de seguridad durante el tiempo que son “retenidos” -no “detenidos, según especificó- mientras que se producen los trámites administrativos para su expulsión.
