Trece de las 52 familias que tuvieron que abandonar sus hogares tras el terremoto del pasado 25 de enero y las fuertes réplicas de los días siguientes, continúan alojadas en hostales y albergues de la ciudad. Según el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, el motivo es que carecen de los medios económicos necesarios para poder hacer frente al alquiler de una vivienda. La Consejería espera poder ayudarlas en el momento que el Estado libere los 400.000 euros que Melilla recibirá para atender las consecuencias del seísmo.
Indicó el consejero, en declaraciones a este Diario, que actualmente son unas 13 familias melillenses, unas cuarenta personas a lo sumo, las que continúan dentro del programa de alojamiento alternativo. En el momento del seísmo, se atendieron a 52 familias, unas trescientas personas. Aquellas que contaban con recursos abandonaron pronto los hoteles en los que se les acogió, mientras que las menos pudientes debieron esperar meses para poder dar el paso de lograr una vivienda en alquiler. Las que aún están alojadas son las que carecen de medios económicos.
A medida que su número se fue reduciendo, la Consejería fue reubicando a las familias acogidas en alojamientos menos costosos para las arcas públicas. En estos momentos se distribuyen entre el albergue de transeúntes, el Hotel Nacional y el hostal de la Rosa Blanca. "Lo que hemos estado haciendo es trasladar a las familias de alojamientos más gravosos a otros más económicos, puesto que tenemos que además de salvaguardar a las familias afectadas por el terremoto, tenemos que disponer de recursos para poder atender otras situaciones que se dan a lo largo del año de personas que se quedan en la calle", explicó.
Sistema de ayuda
Aún así, indica Daniel Ventura que estas personas, tanto adultos como niños, no pueden alargar indefinidamente su estancia en un centro o albergue porque "ese no es el mejor espacio en que deben criarse unos niños, sino que deben tener su propia casa". Por ese motivo se buscarán nuevas fórmulas de ayuda para lograr algún propietario o inmobiliaria acepte firmarles un contrato de alquiler.
El consejero espera para ello, poder acceder a la parte que corresponda a Bienestar Social de los 400.000 euros que articula el real decreto aprobado por el Estado para cubrir parte de los daños ocasionados por el terremoto. "Sabemos que, por ejemplo, una parte de ese dinero irá a Fomento pero también habrá una partida para Servicios Sociales bajo el epígrafe de alojamiento alternativo, alquileres y enseres".
La Consejería ha enviado ya al Ministerio la documentación solicitada para recibir ese dinero. "Espero que lo más pronto posible nos ingresen el dinero para poder atender a las familias que nos quedan el los alojamientos alternativos, como también hicimos con las otras damnificadas, pero en este caso habrá que dar un nuevo empujón. La ayuda se hará mediante una subvención que sacaremos y que ya tenemos preparada", dijo. El dinero del Estado permitirá a Bienestar Social recuperar parte del gasto generado por el programa de alojamiento alternativo o los cincuenta mil euros en ayudas de emergencia.
El consejero reitera que "hay que hacer un esfuerzo" con las aproximadamente 12 familias que siguen alojadas y que son "las que tienen problemas para encontrar vivienda, no porque quieran seguir en los hoteles, sino que por su situación económica y familiar les ha resultado más difícil encontrar un propietario o inmobiliaria que se preste a ponerles una casa en sus manos".
Espera Daniel Ventura que con la subvención a articular con la ayuda estatal y estableciendo la cuantía de la subvención y la duración de la misma (de cuatro a seis meses), estas familias puedan salir adelante". Confía en que "en dos meses pueda estar todo en marcha".
Nuevo reglamento de servicios sociales
Con independencia de esta ayuda, el consejero señaló que continúa elaborándose el articulado sobre ayudas en caso de catástrofes naturales a incluir en el nuevo reglamento de Servicios Sociales. Recordó Daniel Ventura que se están elaborando en estos momentos dos reglamentos. Uno de ellos es en realidad una modificación del articulado de las ayudas sociales, que es el que incluirá toda una serie de prestaciones, subvenciones o ayudas motivadas por situaciones extraordinaria fruto de catástrofes naturales. El reglamento incluirá un sistema de ayudas económicas, por tramos, de hasta seis mil euros para la compra de enseres o ayudas al alquiler. La modificación debe pasar por Consejo de Gobierno para su aprobación. De estas ayudas se podrán beneficiar todos los damnificados por el fuerte temblor de enero.
El segundo en marcha es el de funcionamiento de los centros de Servicios Sociales, que incluye derechos y deberes de los usuarios, "que era algo que no existía". La idea es que el personal pueda contar con herramientas con las que defenderse ante situaciones "de hostilidad, insultos o agresiones por parte de los usuarios".
