El 4 de mayo de 1993 se fundó en Berlín “Transparencia Internacional” (TI), como organización no gubernamental con el objetivo de evaluar en distintos países el nivel de corrupción política, así como para proponer medidas para su control y corrección. En cada país tiene una delegación y, la de España, está situada en la Fundación Ortega-Marañón.
La página web de TI- España (www.transparencia.org.es) recoge toda la información sobre su organización y de los índices que elabora así como de sus actividades y proyectos en España. La evolución de su trabajo, comprobable con los índices anuales que publica es positiva pues va alcanzando, cada día, mayor influencia política y presencia en los medios de comunicación.
El presidente actual de la oficina de España, D. Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, ha presentado esta semana TI ante los miembros del Foro de la Sociedad Civil.
Comentó que hoy en día la transparencia pública es una necesidad y se considera como un valor social. En efecto, la sociedad actual es cada vez más exigente en el nivel ético, no admite la corrupción y exige transparencia política, social y económica. De ahí la lucha declarada contra la corrupción y la exigencia de integridad de los gestores públicos. Además, los medios técnicos actuales favorecen la información y el control, por lo que el nivel de transparencia será creciente e imparable.
Esta ONG está presente en más de 100 países y elabora anualmente distintos índices de percepción de la corrupción, publica el barómetro global de la corrupción, el índice de fuentes de sobornos y realiza un informe global sobre la corrupción en el mundo. En España realiza informes, previo convenio, con multitud de organismos: 110 Ayuntamientos con “portal de la transparencia”; CCAA, Diputaciones Provinciales, Parlamento, en materia de agua y con clubs de fútbol, con organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de Colegios de Abogados y con los partidos políticos.
En España el índice de percepción de la corrupción obtuvo en 2013 una puntuación de 59, ocupando el puesto 40 de 175 países y el índice de 2014 ha mejorado 3 puestos con 60 puntos, ocupando el número 37. Ciertamente, es mejorable y se debe avanzar en transparencia para acercarnos al nivel de los países de nuestro entorno europeo.
El índice de la percepción de la corrupción lo realiza TI en cada país con encuestas de los órganos a evaluar mediante un convenio de evaluación. Precisamente acaba de publicar el resultado del nivel de transparencia de 2014 de los partidos políticos españoles (8,30 de media) y los datos acreditan una gran mejoría en el nivel de transparencia. La máxima puntuación (10) la han alcanzado PSOE, UPyD y Ciudadanos, mientras que la peor nota es de IU (5); tienen un 8;5 los partidos Podemos, Coalición Canaria y Convergencia; el PP y el PNV obtienen un 8, ERC 7,5 y Unió 7. La ONG atribuye esta súbita mejor nota de los partidos al “impulso de la sociedad civil”. El test indica que las páginas webs han informado más y mejor sobre las cuentas de los propios partidos, desglosadas por gastos e ingresos, y de los procesados por corrupción en sus listas electorales. Pero sería mejor que los partidos políticos se pusieran de acuerdo sobre el sistema legal de control de transparencia de los propios partidos.
También ha publicado TI el nivel de transparencia de los Lobbies en España y la nota es suspenso porque nuestro país es uno de los que presenta menor interés en materia de regulación y control de lobbies. Reflejo de este poco interés, comenta TI, es la situación de las llamadas “puertas giratorias”, que no está adecuadamente regulado en los países de la Unión Europea pues permiten influencias excesivas sobre la gestión pública sin limitar debidamente el ámbito y plazo de incompatibilidad de los altos cargos.
En la presentación efectuada el Sr Lizcano comentó que la Ley de Transparencia vigente en España representa un primer paso pero tiene graves deficiencias como son la falta de independencia del Consejo de la Transparencia, la falta de un censo de todos los entes públicos; la falta de inventario de bienes muebles, el incompleto sistema del silencio administrativo y la reducida gravedad de sanciones en caso de incumplimiento. En todo caso, hemos de recordar que la ley facilita una información básica pero que falta ordenar la publicación automática y continuada del núcleo de la transparencia como son: las cuentas públicas, el procedimiento y adjudicación contractual y de la contratación de personal.
Por ello, ante la falta de mandato legal, hemos de estar de enhorabuena porque la candidata a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado, si alcanza la Alcaldía, la publicación en la página web municipal de cada gasto municipal, incluido el gasto de un taxi o de un café. La transparencia es uno de los elementos que necesita el ciudadano para ganar confianza en el sistema legal, ya que, es básico estar tranquilo sobre el adecuado destino del gasto público. Evidentemente, es una fórmula previa e indicativa de la calidad de la rendición de cuentas que habrá de hacer el político gestor ante sus votantes.
CONCLUSIÓN: La transparencia pública es una necesidad social y un desafío ético; la lucha contra la corrupción exige transparencia política, social y económica. Estos son los objetivos que la institución Transparencia Internacional tiene en su programa y, va avanzando en su proyecto. Ciertamente, los medios técnicos y los de comunicación son instrumentos que hacen imparable la exigencia de integridad de la sociedad española respecto a la actividad política.
