Esta semana hemos asistido a una nueva representación del teatrillo de ETA que estos bandidos y su público llama disolución y que no es otra cosa que una transformación como muy acertadamente lo ha calificado el mejor ministro del Interior de las últimas cuatro décadas, Jaime Mayor Oreja. Los encapuchados con chapela usan ahora a mediadores a los que llaman verificadores y se reúnen en un caserío con la complicidad del PNV para blanquear las manos machadas de sangre. Todo bucólico y tan embaucador que sólo su entorno es capaz de creerse lo que ellos llaman “cese de la lucha armada” cuando quieren decir terrorismo. Que se lo pregunten a las ochocientas cincuenta y siete víctimas mortales que cayeron en cincuenta y un años de fechorías solo por el hecho de ser españoles, en uno de los más recientes genocidios que el mundo ha soportado. ¡Qué pena que no tengamos entre nosotros a Lázaro Carreter para analizar la Declaración de Arnaga!, leída en un jardín, como un nuevo dardo en la palabra. ETA es un “movimiento”, “organización armada”, que no terrorista y al tiro en la nuca o las bombas contra todos, lo califican de “lucha por los derechos y libertades”. A estas horas, querido lector, no voy a seguir provocándole más nauseas con los eufemismos de esta banda de delincuentes. Esa Declaración reclama al Gobierno una solución para los etarras encarcelados y huidos. Los presidentes de las comunidades vasca y navarra impulsaran un proceso de acercamiento de presos y presionaran a Rajoy para que lo acepte. Las palabras del pasado viernes del jefe del Ejecutivo rindiendo homenaje y recuerdo a las víctimas y comprometiéndose a impedir que la escena etarra conlleve algún tipo de beneficio para los terroristas, debe servirles ahora a los familiares y al resto de los españoles, con hechos, a que se cumpla. La derrota de ETA llegó cuando el pueblo español dijo “basta ya” ante el secuestro de Ortega Lara y al asesinato de Miguel Ángel Blanco. A esto hay que unir la labor imprescindible de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Las asociaciones de víctimas están hartas de olvidos o de declaraciones nada firmes, mientras siguen trescientos cincuenta y ocho crímenes de ETA sin esclarecer y con un arsenal que no han entregado. Esta es la realidad y ante ella el Gobierno no puede aceptar beneficios penitenciarios, ni permitir el acercamiento que la presidenta navarra está haciendo hasta convertirse en una servidora del independentismo vasco. Rajoy debe combatir y derrotar las ideas de extrema izquierda que quieren convertir a esas tres provincias del norte de España en independientes instaurando allí un régimen totalitario. Que no le tiemble el pulso al presidente del Gobierno cuando con firmeza adopte las medidas necesarias para que todo este terror acabe. Debe saber que cuenta con la mayoría amplia del pueblo español y el apoyo de los partidos constitucionalistas. Aquí por el bien general no caben fisuras pero tampoco intereses ocultos. El pueblo no aceptaría ni medias tintas ni pactos, al saber que quienes están en deuda con todos son estos delincuentes que solo han sabido matar y sembrar heridos o huérfanos, viudas y familias rotas.
