Los partidos de la oposición quieren imponer algo que el Pueblo no ha elegido y por lo que la Justicia no ha dado razones, al menos de momento. No parece sensata esta actitud en unos partidos que creen en la Democracia Coalición por Melilla ha pedido que se disuelva la Asamblea y se celebren elecciones anticipadas tras desencadenarse hace apenas una semana la Operación Tosca. Días atrás, Populares en Libertad hizo lo mismo. Los dos partidos parecen haberse puesto de acuerdo para pedir amparo al Gobierno central ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma de Melilla por las investigaciones que se están desarrollando desde hace tiempo en sede judicial. En algunos casos, desde hace años, como la Operación Ópera, que se abrió en 2009, o la Operación Tosca, que arrancó a finales de 2013. Investigaciones en las que, de momento, no hay condenados. Ni siquiera procesados, que sería el paso previo para sentarse en el banquillo de los acusados y que aunque es un paso más allá hacia la sospecha que la simple imputación, en el hipotético caso de se vieran en esa situación seguirían siendo inocentes hasta que no se pueda demostrar lo contrario y el juez así lo estime.
Esas son las reglas del juego de cualquier Estado de Derecho como el nuestro que los partidos de la oposición, con sus prisas por condenar de antemano, se están saltando pidiendo que se disuelva la Asamblea elegida por todos los melillenses en mayo de 2011, y por ende, el Gobierno formado por la mayoría absoluta obtenida legítima y legalmente por el PP en las urnas.
Estas peticiones tendrían razón de ser si la ilegalidad fuera tan palpable, que los jueces encargados de los procedimientos abiertos lo hubieran corroborado con medidas mucho más drásticas que las imputaciones que ha establecido como garantías jurídicas para los investigados. Recordemos que la oposición se vanagloria de que el 70% de los miembros del Gobierno están imputados, pero sólo uno ha sido hasta ahora detenido, el consejero de Medio Ambiente, que fue puesto en libertad a las pocas horas con cargos, los cuales también les fueron retirados al cabo de unos días por la Justicia. Detención, por cierto, relacionada no por su papel como consejero, sino por la de su etapa como director general en la legislatura anterior.
Los partidos de la oposición quieren imponer algo que el Pueblo no ha elegido y por lo que la Justicia no ha dado razones, al menos de momento. No parece sensata esta actitud en unos partidos que creen en la Democracia, como así han demostrado presentándose a diferentes procesos electorales, aunque con resultados que no deseaban. Y menos cuando ninguno de los partidos de la Asamblea puede presumir de estar libre de problemas con la Justicia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo San Juan.
Quedan menos de tres meses para que llegue el 24 de mayo, día en que los ciudadanos volverán a tener voz con su voto. Lo razonable es que todos los partidos esperen a entonces y escuchen lo que el Pueblo tiene que decir en vez de intentar hacer lo contrario de lo que ya dijo hace casi 4 años como si esto fuera un lugar sin Democracia.
