Susana Morillo Espinosa, presidenta de la Asociación de Autismo de Melilla (TEAMA), ha solicitado a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación la incorporación progresiva y regulada de sistemas de videovigilancia en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta petición surge tras un caso de maltrato en una guardería de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde una trabajadora agredía a niños. En un escrito dirigido a la directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, Morillo ha expuesto la necesidad de que se valore un plan para implementar sistemas de videovigilancia.
La dirigente de TEAMA ha indicado que se deben priorizar los centros que escolarizan a alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, dada su mayor vulnerabilidad.
Susana Morillo ha afirmado que ‘la protección de la infancia y la adolescencia es un compromiso social’. Ha añadido que se debe promover un protocolo específico para el uso de estos sistemas, garantizando su finalidad de protección y el respeto a los derechos fundamentales de los menores.
Contexto de la petición y casos de maltrato
La presidenta de TEAMA ha fundamentado su solicitud en hechos recientes que evidencian la exposición de los menores a situaciones de violencia en el entorno escolar. Ha mencionado casos de agresiones, como la de un alumno con parálisis cerebral y el maltrato de una cuidadora a un bebé, subrayando que ‘no son casos aislados, sino situaciones que ocurren con más frecuencia’.
Morillo ha destacado que estos incidentes demuestran la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección. Ha señalado que es necesario dotar al sistema educativo de medios que permitan detectar, prevenir y probar de forma inequívoca cualquier acto de violencia contra los menores.
Datos sobre bullying y discapacidad
La presidenta ha citado diversos estudios que indican que el bullying escolar afecta con mayor severidad a los menores con discapacidad. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad (2020), el 23% del alumnado con discapacidad intelectual sufre acoso escolar de forma frecuente. Además, el informe ‘Yo a eso no juego’ de Save the Children (2021) indica que los menores con discapacidad tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de acoso.
Morillo ha enfatizado que muchos de estos episodios quedan sin denunciar debido a barreras de comunicación o a la falta de herramientas adecuadas en los centros educativos. Esto resalta la necesidad de implementar sistemas de videovigilancia que ayuden a prevenir y documentar estos casos de violencia.
Marco normativo de protección de menores
El escrito de TEAMA se sustenta en la normativa nacional e internacional en materia de protección de menores. Se han mencionado el Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece el interés superior del menor, y la Ley Orgánica 1/1996, que refuerza el deber de las administraciones públicas de garantizar la integridad física y moral de los menores.
Asimismo, se ha hecho referencia a la Ley Orgánica 8/2021, que protege integralmente a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Morillo ha indicado que la Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 permiten la instalación de videovigilancia con fines de protección, siempre que se respeten los principios de proporcionalidad y minimización de datos.
