La decisión de Pedro Sánchez no convence a todos. Mientras los partidos del gobierno de la Ciudad, como CPM, PSOE y su presidente Eduardo de Castro han aplaudido el final de la crisis hispano-marroquí lograda por el giro de Pedro Sánchez sobre la cuestión del Sáhara Occidental; desde la oposición, como el PP y Vox, han criticado abiertamente este paso.
Tampoco lo han visto con buenos ojos en la filial local del socio socialista a nivel nacional, Podemos Melilla, que ha reprochado a Sánchez que apueste por el plan de autonomía del Sáhara dentro del reino alauí que promulga Marruecos.
Pero no son los únicos que están en contra. Una decena de miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) han advertido en una declaración de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez supone «la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui» y, por tanto, una violación del Derecho Internacional que podría acarrear «responsabilidad» para nuestro país.
Los expertos han emitido este manifiesto tras conocerse la carta enviada el pasado 14 de marzo por Sánchez al rey Mohamed VI.
Los firmantes han destacado además que «esta decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara Occidental que ocupa ilegalmente». Así, alertan de que «esta decisión conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa de Derecho Internacional».
Viendo y leyendo este tipo de posicionamientos, lo que está claro es que no hay una unanimidad, ni mucho menos, en el paso dado por Sánchez. Más bien todo lo contario.
Habrá que ver qué pasa en el futuro, sobre todo si Marruecos no cumple con lo que supuestamente se ha comprometido, aunque de momento poco se sabe de los detalles de esta operación que ha cambiado la posición que llevaba manteniendo España desde que abandonó el Sáhara en 1976 tras la “Marcha Verde” marroquí, sin traspasar su soberanía sobre el mismo ni su condición de potencia administradora.
