Azmani pide a Imbroda, a la Asamblea y al Gobierno central una respuesta «firme y unitaria» tras calificar el representante israelí a ambas ciudades de «colonias»
Somos Melilla ha reclamado una condena institucional a las declaraciones del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, después de que calificara a Ceuta y Melilla como «colonias», y ha instado tanto al Gobierno de la Ciudad Autónoma como al Ejecutivo central a responder con firmeza en defensa de la españolidad de ambas ciudades.
En un comunicado, el presidente de la formación, Amín Azmani, sostiene que las manifestaciones del diplomático constituyen un ataque a la integridad territorial de España y recuerda que Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas, con estatutos de autonomía, instituciones propias y representación en las elecciones nacionales y europeas. Asimismo, subraya que ninguna de ellas figura entre los territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.
Azmani considera que el representante israelí ha aprovechado la reciente crisis migratoria para cuestionar la soberanía española y sostiene que este tipo de declaraciones no responden a criterios jurídicos, sino a una «provocación política». Además, defiende que la emergencia humanitaria debería abordarse desde la cooperación y no utilizarse para alimentar disputas territoriales.
La formación también vincula las palabras del embajador con un intento de desviar la atención de las críticas internacionales hacia la actuación del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania y recalca que sus críticas se dirigen exclusivamente al Ejecutivo israelí y a su representante diplomático, rechazando cualquier manifestación de antisemitismo o de odio contra la población civil.
Finalmente, Somos Melilla reclama que Danny Danon retire sus declaraciones y pida disculpas públicamente, al tiempo que solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que presente una protesta diplomática formal. Asimismo, insta al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y a la Asamblea de Melilla a aprobar una condena pública y pide una respuesta unitaria del conjunto de las fuerzas políticas españolas en defensa de la integridad territorial del país.
