La libertad de expresión no es infinita, sino que tiene unos límites en las leyes, los derechos y el respeto. Ésta es una de las máximas de todo periodista, y algunos que juegan a serlo en las redes sociales no hacen más que saltársela, a menudo ocultos tras una careta o un pseudónimo El mundo de Internet y las tecnologías que se mueven a través de la red de redes se desarrolla de manera tan acelerada, que muchas veces coge desprevenidos a los organismos oficiales encargados de velar por los derechos y libertades que nos asisten a todos los ciudadanos, y también las obligaciones que tenemos encomendadas como tales. Prácticamente siempre, por desgracia, las Fuerzas y Cuerpos del Estado, los órganos judiciales y las instituciones del Estado que se encargan de activar mecanismos contra el delito van un paso por detrás del que lo comete para hacer que cumpla con la responsabilidad y castigo que eso conlleva.
La prueba palpable es que no fue hasta años después de que Internet apareciera en nuestras vidas cuando los diferentes cuerpos de seguridad crearon unidades específicas para abordar los delitos telemáticos, que cada vez son más abundantes debido al creciente número de usuarios que esta "autopista de la información" tiene en sus diferentes vertientes. Una de ellas, las redes sociales, convertidas para algunos en un púlpito desde el que injuriar y calumniar sin límites, porque creen, erróneamente, que la libertad de expresión les ampara. Nada más lejos de la realidad, porque esa libertad acaba donde empiezan los derechos de los demás. La libertad de expresión no es infinita, sino que tiene unos límites en las leyes, los derechos y el respeto. Ésta es una de las máximas de todo periodista, y algunos que juegan a serlo en las redes sociales no hacen más que saltársela, a menudo ocultos tras una careta o un pseudónimo.
No es la primera vez que desde estas líneas aludimos a este mensaje, haciendo un llamamiento a un uso responsable de las redes sociales, dado el impacto que éstas tienen y que trascienden a veces a los propios usuarios para saltar a toda la opinión pública. Esta semana, un diario nacional incidía en esta misma teoría. En su editorial, el diario El Mundo defendía que "la labor del Gobierno debe ser impedir que si se cometen delitos desde Internet queden impunes, como pasó ayer (el lunes) con las detenciones en el País Vasco -o tantas veces en casos de pederastia, por ejemplo- y vigilar para que los alborotadores virtuales no conviertan las redes en focos de inestabilidad social. Ni más ni menos que lo que ya hacen las Fuerzas de Seguridad en las calles".
El rotativo se refería concretamente a una actuación de la Guardia Civil el pasado fin de semana, en la que detuvo a una veintena de personas por utilizar las redes sociales para el enaltecimiento del terrorismo y ofender a las víctimas de ETA, ya que manifestaban a través de Facebook, Twitter, etc. su deseo de que la banda terrorista siguiera atentando, amenazaban a personas con el deseo de que fueran objetivos de ETA y se reían de los sufridos por las víctimas.
Salvando las distancias, en este editorial (y otros anteriores) nos referimos a comentarios y filtraciones que están fuera de la legalidad y la veracidad, y pese a todo se les da cancha en las redes sociales, concretamente en determinados foros dominados por una minoría cuyo único fin es alarmar, crear división social y, sobre todo, hacer daño a quienes no piensen como ellos y a la sociedad melillense en general. Esto, como lo ocurrido en el País Vasco, tampoco debe quedar impune, porque los derechos, libertades y obligaciones deben ser los mismos en el mundo real y el virtual.
