Los funcionarios del INSS denuncian el colapso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, acusando al Ministerio de Seguridad Social de generarlo mediante concesiones masivas, lo que provoca inseguridad jurídica y miles de reclamaciones de familias vulnerables que esperan respuestas.
Acusan al Ministerio de Seguridad Social de conceder el IMV (Ingreso Mínimo Vital) de forma masiva: generan “inseguridad jurídica y miles de reclamaciones y deudas por cobros indebidos a estas familias en situación límite”.
Los secretarios y subdirectores provinciales del INSS, el organismo encargado de gestionar las pensiones y otras ayudas como el Ingreso mínimo vital (IMV) están en pie de guerra. En un reciente comunicado, avisan de que van a mantener los paros parciales previstos para los días 25 y 27 de marzo, para denunciar “la caótica situación de la gestión que vive el organismo y la extenuante situación a la que se encuentran sometidos”.
Según explican, desde la creación, en 2020, del IMV en 2020, la situación del INSS es insostenible: aseguran haber tenido que asumir, por unidades no preparadas ni formadas para ello, más de tres millones de expedientes. Denuncian también la falta de recursos humanos y materiales para asumir “una avalancha de esta naturaleza”.
A día de hoy, han señalado, siguen siendo prácticamente tramitados, en exclusiva, por funcionarios interinos (más de 1.000), “sin formación en seguridad social y con una movilidad extraordinaria, con cambios constantes”.
La consecuencia es el colapso, debido a los cientos de miles de solicitantes del IMV, de las oficinas de atención al ciudadano, aumentando los periodos para obtención de cita previa y deteriorándose la atención al ciudadano. “Los volúmenes colosales de solicitudes de IMV pendientes de resolver y los dilatadísimos tiempos de tramitación, han llevado a los responsables del INSS a tener que deslocalizar la gestión con un trasiego de miles de solicitudes desde unas direcciones provinciales a otras que no ha conseguido impedir que, a día de hoy, sigan quedando pendientes de resolver miles de solicitudes, lo que significa que muchas familias en el umbral de supervivencia no sepan si tiene derecho o no, a esta renta básica”.
Denuncian que desde el ministerio se ha impulsado una “voracidad desmedida orientada al reconocimiento masivo de esta nueva prestación”, con cambios continuos de criterio e interpretación de los requisitos de acceso que han generado inseguridad jurídica y que generan miles de reclamaciones y deudas por cobros indebidos a familias en situación límite.
Las incapacidades laborales están fuera de control.
Los secretarios y subdirectores provinciales del INSS denuncian también el colapso en la gestión de otras prestaciones de la Seguridad Social, debido, aseguran, a la continua producción normativa y al incremento exponencial de sus competencias, trabajos y responsabilidades derivados de la “creación de nuevas prestaciones sociales de una relevancia colosal”.
Denuncian también “un descontrol de las incapacidades laborales, con más de 150.000 trabajadores con bajas médicas que superan los 365 días de duración y con más de 80.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de calificación”.
La gestión del sistema de pensión está en una situación “crítica”
En contra de la tesis del Gobierno (para el que todo va fenomenal), aseguran desde el INSS que la sostenibilidad de la gestión del sistema de pensiones es crítica. Aseguran que se debe actuar de inmediato: “se podrán garantizar financieramente vía impuestos las pensiones, pero no habrá funcionarios para reconocerlas y gestionarlas y, eso, está sucediendo ya”.
Los últimos gobiernos, aseguran, “han hecho oídos sordos a las llamadas de socorro y avisos de colapso de la gestión del sistema y, por ello, se apresuran ahora a hacer convocatorias de oposiciones rebajando su exigencia, convocatorias que, por supuesto, llegan muy tarde”.
En este sentido, han precisado que el INSS tiene una relación de puestos de trabajo que no se modifica desde hace más de 30 años.
