La ONG que trabaja para defender los derechos de niños y adolescentes ha publicado el informe ‘Infancias invisibles. Menores extranjeros no acompañados, víctimas de trata y refugiados en España’. A lo largo de sus páginas, ‘Save the Children’ menciona en distintas ocasiones a Melilla para denunciar la vulneración de derechos que tienen lugar diariamente en la ciudad, donde multitud de niños viven en las calles sin estar escolarizados, sin alimentarse de forma regular y adecuada y sin tener acceso a los servicios sanitarios. ‘Save the Children’, la ONG internacional que lucha por defender los derechos de la Infancia en todo el mundo, publicó ayer el informe ‘Infancias invisibles. Menores extranjeros no acompañados, víctimas de trata y refugiados en España’. A lo largo de las páginas, la organización analiza y pone de manifiesto la vulneración de derechos que sufren diariamente miles de niños migrantes al llegar a este país.
El documento, en el que se denuncia abiertamente que “el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones legales” respecto a estos niños, pone el foco en Melilla para mostrar la cara más vulnerable y desatendida de los menores no acompañados de adultos que viven en las calles de la ciudad.
“En Melilla un grupo de entre 20 y 60 niños, casi todos marroquíes y argelinos, viven al raso alrededor del puerto, buscando la oportunidad de colarse como polizones en los barcos. Pasar el ‘riski’ es como llaman los propios niños a este juego peligroso de embarcar rumbo a la Península y en el que cada año mueren niños tratando de lograrlo”, se hace eco ‘Save the Children’.
Según hace público la ONG, estos menores no están escolarizados, no se alimentan de forma apropiada y regular, y la asistencia sanitaria que reciben se limita a servicios de urgencias cuando sufren heridas o infecciones graves. También denuncia que no se realizan seguimientos de la salud mental, “a pesar de la grave adicción al pegamento que padecen algunos de ellos y de la frecuencia con que se autolesionan (cortes con cuchillas y cristales en brazos, piernas y torso)”.
Devoluciones en caliente
Por su parte, la organización también pone de relieve cómo muchos menores se ven afectados por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “legaliza” las llamadas devoluciones en caliente. “El automatismo con que se ejecuta el rechazo de las personas localizadas en las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos hace imposible verificar si son menores de edad o refugiados”, censura. No obstante, ‘Save the Children’ defiende que, sea mayor o menor de edad, “y según la legislación internacional de la que España es firmante, se les debería proteger, y sin embargo hay casos constatados de expulsiones de niños”. La ONG es tajante y condena la ilegalidad de esta práctica.
Falta de garantías legales
Para ilustrar la “sistemática falta de garantías” legales, ‘Save the Children’ rescata, entre otras historias, la de Abdul, un adolescente marroquí de 16 años al que encontraron unas ciudadanas de Melilla con heridas en el ojo y el oído. Según la versión del joven, los propios educadores del centro de acogida fueron quienes le causaron esas lesiones. Él quiso denunciarlos, pero para ello tenía que contar con el permiso de su tutor legal, la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma. Nunca pudo poner la denuncia.
Las propuestas de ‘Save the Children’ para garantizar los derechos de los menas
Entre otras cuestiones, ‘Save the Children’ señala que hay que abordar con “urgencia” la situación de los niños que duermen en la calle. “Hay que mejorar el sistema de protección de Melilla, asegurando que las condiciones de acogida son adecuadas y ofreciendo un proyecto de vida a largo plazo a los niños que tutela la Ciudad Autónoma”. En este punto, advierte que si la Ciudad no tiene capacidad para atender adecuadamente a todos lo que llegan, “se debe trasladar a niños a otros territorios que sí la tengan”. La ONG también exige que se modifique la Ley de Protección Ciudadana “para poner fin a las devoluciones en caliente que impiden identificar a posibles menores de edad y a solicitantes de asilo”. Además, hace hincapié en la necesidad de dar automáticamente la autorización de trabajo a los menores extranjeros tutelados cuando cumplan los 16 años, en condiciones de igualdad con los menores de edad españoles, “permitiendo que ganen independencia y una mejor integración a medio y largo plazo” y alejándoles así de la explotación o la precariedad laboral.
