Miembros del sindicato SATE-STEs se manifiestan frente al MEC en Melilla.
El sindicato destaca la nueva ley educativa como una “victoria parcial”, aunque advierte de carencias en plantillas, infraestructuras y límites efectivos en Melilla
El sindicato SATE-STEs de Melilla ha valorado la nueva ley educativa aprobada en abril de 2026 como “un avance necesario” en la reducción de ratios escolares, aunque ha subrayado que aún quedan importantes retos para garantizar su aplicación efectiva.
La integrante del Secretariado del sindicato, Elvira Sánchez, ha señalado que la norma —que fija un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria— supone “una victoria parcial” tras décadas de reivindicaciones sindicales para mejorar la calidad educativa y la inclusión.
Entre los principales logros, el sindicato destaca el abandono del marco normativo derivado de los recortes de 2012, el blindaje de las ratios a través de una ley básica estatal y el reconocimiento de la diversidad en el aula, incorporando que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas.
No obstante, SATE-STEs advierte de que la normativa presenta limitaciones importantes. Entre ellas, reclama ratios más bajas en etapas como Infantil y Bachillerato, así como que los límites establecidos sean “máximos absolutos”, sin excepciones como el incremento del 10% previsto por necesidades extraordinarias de escolarización.
El sindicato también insiste en que la reducción de ratios debe ir acompañada de un aumento de las plantillas estructurales, la implantación de modelos de codocencia y una inversión en infraestructuras educativas que permita desdoblar grupos sin saturar los centros.
Desde SATE-STEs consideran que, aunque la ley supone un paso adelante, su eficacia dependerá de su desarrollo en territorios como Melilla, donde la presión demográfica y la escolarización sobrevenida elevan de forma habitual el número de alumnos por aula.
Finalmente, el sindicato ha asegurado que mantendrá una labor de seguimiento para que la aplicación de la norma no quede “en una declaración de intenciones” y contribuya realmente a mejorar la calidad educativa, las condiciones laborales del profesorado y la atención al alumnado.
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