Hasta un marciano que aterrizase por error en España sabe que el actual sistema público de pensiones no se puede sostener/mantener. Ni los gobiernos anteriores del PSOE o el PP, ni el actual gobierno híbrido social-comunista querían/quieren o se atrevían/atreven a abordar un problema que afecta directamente a una gran cantidad de votantes en cualquier elección futura. Se habla mucho de ello, se “está estudiando” constantemente (que es, con nuestros actuales gobernantes, lo que se dice cuando hay algo que no quieren abordar pero que, a su pesar, está sobre la mesa pública), se lanzan globos sonda con posibles propuestas/soluciones para ver como respira el colectivo de personas afectadas o que se verán afectadas en breve, etc. Ya lo dijo Henry Ford: “La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos”.
Veamos algunos datos que reflejan la magnitud del problema: En el año 2021 se prevé un gasto en pensiones de 163.297 millones de euros, unos 5.000 millones de euros más que en el año 2020 (158.212 millones de euros), unos 10.000 millones de euros más que en el año 2019 y, lo que es peor, unos 72.000 millones de euros más que en el año 2007. En 14 años casi se ha doblado el gasto en pensiones. La relación cotizantes /pensionistas, muy importante porque es de los primeros de donde proviene el pago a los segundos, tampoco lleva una evolución favorable: en el año 2007 había 19, 2 millones de cotizantes y 7,6 millones de pensionistas; y a 31 de diciembre del año 2020 había 18,9 millones de cotizantes (cifra que puede bajar en 2021 por la crisis del coronavirus) y 8,9 millones de pensionistas.
Si la pensión promedio en España es de, aproximadamente, 1.400 €, no parece fácil, con la situación actual de las empresas, que se incorporen un gran número de nuevos cotizantes con un sueldo promedio superior.
No es un problema fácil de solucionar, pero sí que se podrían dar pequeños pasos que nos lleven en la buena dirección y que hagan sostenible el sistema, por ejemplo: 1) El simpático, ocurrente y gran economista, José María Gay de Liébana, apostaba (en enero de 2021) por la “capitalización” (que los propios trabajadores ahorren su cotización en una cuenta, donde se podría invertir en bonos, acciones o cualquier otro tipo de activos, de manera que se rentabilizaría y podrían rescatarla al final de su vida laboral); 2) Bajada de la Seguridad Social a las empresas (actualmente pagan el 32% del salario bruto de cada trabajador), que incentivaría la contratación; 3) Reducción de los costes por despido, que también incentivaría la contratación (ninguna empresa, con excepciones, despide, si puede pagarle, a un buen trabajador); 4) Incentivos a la natalidad y a la inmigración legal (gente que venga con un contrato de trabajo); 5) Incentivos a las personas que superen la edad de jubilación para que, si lo desean, sigan trabajando y cotizando; 6) Bajadas, para los pensionistas, en los precios de muchos servicios básicos como la luz, la electricidad, la gasolina, los transportes, etc…(todos ellos son fuente de muchos ingresos para el Estado y tiene control sobre los precios); etc.
No parece muy probable (más bien parece imposible teniendo en cuenta al Rey del “diálogo”, nuestro presidente Pinocho Sánchez), pero sería bueno un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para, sin aprovecharlo para sacar ventajas políticas, buscar una solución a un problema que no se va a solucionar sólo y que puede estallar en cualquier momento.
Eduardo de Castro echa balones fuera.
Cerca de 42 minutos estuvo el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, declarando en el Juzgado de Instrucción número 2 cuando fue citado como investigado (antes llamado “imputado”) por el caso grúa el pasado 13 de mayo.
En su declaración evadió toda responsabilidad en el contrato de emergencia del servicio de grúa y se la pasó a los técnicos (el exdirector general de Presidencia y Administración Pública, Juan Palomo; el secretario de Hacienda, Sergio Conesa; y el interventor, Carlos Susín), con nombres y apellidos, y a la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri. De Sergio Conesa dijo que es el “que informa y dice que está bien”.
No sorprenden a nadie las declaraciones de de Castro, ya que ni sus socios de gobierno debían esperar otra cosa que no fuera que escurriera el bulto y culpara a otros. Es evidente que sólo está para cobrar el sueldo y que no quiere saber nada de trabajar o decidir, pero cuando alguien va a firmar algo (y aún más en un puesto de alta responsabilidad como el suyo) debe leerlo, informarse de lo que firma y luego firmarlo o no.
Él sabrá por qué dejó fuera de responsabilidad a la persona que firmó en su día, el pésimo gestor y por entonces Consejero de Economía, Julio Liarte. Algún día saldrá a la luz…
“Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente.”(Groucho Marx). De Castro podría haberse callado, pero dijo también en su declaración que él solo plasma su firma digital cuando ya las ha firmado el superintendente y un director general: “No tengo más remedio. Si no, tampoco las firmaría”. De traca….
