La consejera de Políticas Sociales ha pedido desde el Senado una revisión urgente de la financiación para que se adapte a “la realidad de Melilla” y un “compromiso real” con las personas dependientes de la ciudad autónoma
La consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal, Randa Mohamed, ha denunciado este martes durante una intervención en el Senado que Melilla está “gravemente infrafinanciada” en materia de dependencia.
Mohamed, que ha recordado que las competencias en esta materia las ejerce el INGESA en la ciudad autónoma, ha advertido que el aumento progresivo de personas mayores y dependientes ha hecho que los recursos actuales sean “claramente insuficientes”.
Por ejemplo, ha explicado que existe un contrato de cien plazas en el Centro Asistencial ‘La Gota de Leche’ que “ya resulta deficitario”, además del Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores. Ahora bien, ha criticado la reforma introducida por el Gobierno de España en este ámbito porque “han dificultado las coberturas de las demandas en este ámbito, empezando por la falta de inversión en infraestructura, así como por la reducción de plazas” en éste último centro, que comenzó con 200 plazas y que se ha reducido a 120 “como máximo” a raíz de la última normativa publicada.
A esto se sum la nueva normativa de acreditación de centro, que pone en riesgo la continuidad de contratos con el Centro Asistencial. “Si ese contrato desaparece, esas cien plazas deberían de se asumidas por iniciativa privada, pero ésta no existe en Melilla”, ha indicado la consejera, que solo ve como solución aumentar la financiación pública.
Datos económicos
Llegados a este punto, la popular ha afirmado que, de los 3,78 millones que supone el coste del servicio de ayuda a domicilio, el IMSERSO solo pone 800.000, “lo que nos genera un déficit anual de casi tres millones de euros que asume la Ciudad”. A este déficit, ha proseguido, hay que añadirle el que se produce como consecuencia del convenio suscrito entre el Gobierno local y el IMSERSO para la atención a usuarios del Centro Gámez Morón.
En éste último, el IMSERSO aporta 675.000 euros, y el déficit anual es de 1,73 millones. Agrega además que el contrato estatal con el Centro Asistencial cubre 1,21 millones, mientras que el Ejecutivo regional aporta 2,22 millones.
En total, el coste supera los nueve millones de euros al año, de los cuales el IMSERSO solo aporta 2,7 millones. Es decir, que la Ciudad está financiando casi tres veces más de lo que aporta el Estado en un ámbito en el que, además, no tiene competencias”. Todo ello, además, con cantidades económicas que llevan “congeladas” desde el año 2018 y 2020 pese al incremento de los costes, especialmente por la subida del salario mínimo que “afecta directamente a los profesionales del sector”.
