La Semana. MH, 19/01/2026
Por: J.B.
Nuestro presente (algunos ejemplos)
Leo con preocupación que Goldman Sachs avisa de que España, por primera vez en 8 años (curiosamente un periodo que casi coincide con el “reinado” sanchista), tiene más riesgo político que Italia. También leo que el banco de Wall Street no descarta que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas en 2026 (no creo que vaya a caer esa breva… sobre todo por los múltiples frentes judiciales que le asolan y a los que, en su mentalidad seudo-dictatorial, cree poder controlar mejor desde el poder que desde la oposición) …
Leo que el banco de Wall Street no descarta que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas en 2026 (no creo que vaya a caer esa breva… sobre todo por los múltiples frentes judiciales que le asolan y a los que, en su mentalidad seudo-dictatorial, cree poder controlar mejor desde el poder que desde la oposición) …
Las principales razones del mayor riego político en España:
- Gobierno minoritario y dependencia de aliados volátiles: El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) es minoritario (y mal avenido) y depende de apoyos de partidos independentistas como ERC, Junts, PNV y Bildu, que tienen intereses divergentes y a menudo conflictivos. Esto genera una fragilidad constante, con riesgos de parálisis en la toma de decisiones y en las reformas estructurales necesarias. La compleja coalición ha complicado la implementación de fondos europeos (como los del Next Generation EU) y ha aumentado el riesgo de inestabilidad política persistente para el año 2026.
- Problemas con los presupuestos: Por segundo año consecutivo, el Gobierno no ha logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, debido a la falta de apoyo parlamentario, especialmente de Junts. Esto podría extenderse (si las nuevas concesiones no lo remedian) a 2026, lo que limitaría aún más la capacidad de gobernar y generaría un «bloqueo político» que afectaría a la economía y a la confianza de los inversores.
- Caída en las encuestas (pese a los poco creíbles datos del CIS) y riesgo de elecciones anticipadas: El Ejecutivo sigue perdiendo apoyo popular, lo que incrementa la posibilidad de que Sánchez convoque elecciones anticipadas en 2026 para evitar un colapso mayor. Esto añade incertidumbre, especialmente con elecciones regionales pendientes que podrían intensificar tensiones territoriales, como en Cataluña.
Mientras España sufre una gran polarización política, fragmentación territorial y parálisis legislativa que elevan el riesgo de crisis gubernamental, Italia ha logrado una consolidación, bajo Meloni, que reduce percepciones de inestabilidad a corto plazo. A pesar de que el crecimiento económico español es superior, estos factores políticos pesan más en la evaluación de riesgo, según Goldman.
Por otro lado, veo con preocupación creciente la situación actual de los agricultores y ganaderos españoles, que se manifiestan, con la indiferencia e inacción de nuestro actual ¿gobierno?, contra el acuerdo comercial UE-Mercosur.
Los agricultores alertan de que el acuerdo (con Mercosur) podría marginalizar al sector europeo, afectando mercados locales y medios de vida en regiones clave
El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha generado una oleada de críticas en el sector agrícola europeo. Aunque promete eliminar barreras arancelarias y fomentar el comercio, sus detractores destacan las graves repercusiones para los agricultores y ganaderos, especialmente en España y Francia, donde el temor a la competencia desleal y la pérdida de empleos ha desatado protestas masivas.
En Francia, el mayor productor agrícola de la UE, los agricultores temen una inundación de importaciones baratas de carne de vacuno, azúcar, soja y arroz procedentes de Sudamérica. Estos productos se elaboran bajo estándares ambientales y sanitarios menos estrictos que los europeos, lo que podría generar una competencia desleal y presionar a la baja los precios locales. Esto último agravaría la crisis del sector, con posibles pérdidas de empleo y reducción del acceso al mercado para los exportadores franceses. El gobierno galo exige salvaguardas más fuertes, como cláusulas espejo para que las importaciones cumplan con las normas de plaguicidas de la UE y mecanismos para suspender envíos si los volúmenes aumentan más del 10% o los precios caen en igual medida. Además, problemas recientes como brotes de enfermedades en el ganado, que han obligado a sacrificar animales, se suman a las quejas por impuestos y regulaciones verdes que encarecen la producción local.
Los ganaderos franceses ven en el acuerdo una amenaza existencial para su industria cárnica. El pacto reduce aranceles en cuotas de importación de carne, como la eliminación del 20% en la cuota Hilton existente de 29.000 toneladas y una nueva cuota de 99.000 toneladas al 7,5%. Aunque algunos productores sudamericanos minimizan el impacto –equivalente a «un pequeño hamburger al año» por europeo–, los agricultores europeos protestan por las restricciones impuestas por las políticas de la UE, que limitan su competitividad frente a importaciones menos reguladas. Cadenas como Carrefour han anunciado que no venderán carne de Mercosur en sus tiendas francesas.
En España, las preocupaciones son similares, con el enfoque puesto en el daño a la agricultura familiar y a la ganadería. Los agricultores alertan de que el acuerdo podría marginalizar al sector europeo, afectando mercados locales y medios de vida en regiones clave como Aragón (dependiente de la ganadería), Castilla y León (el granero de España) y Andalucía (el mayor productor agrícola del país). Sectores como la carne, los cítricos y el arroz enfrentarían una competencia feroz, exacerbada por la deforestación asociada a las exportaciones agrícolas de Mercosur, lo que choca con los estándares ambientales europeos más estrictos. Esto podría llevar a una «grave daño» en la agricultura y la ganadería familiar.
Las protestas han sido intensas en ambos países. En Francia, hasta 10.000 agricultores se movilizaron en Bruselas durante cumbres de la UE, bloqueando autopistas con tractores y exigiendo un retraso en la ratificación. Francia lidera una minoría de bloqueo con Irlanda, Polonia, Hungría y Austria para vetar el pacto. En España, las manifestaciones se han extendido por las regiones mencionadas, presionando al Partido Popular (PP) para que se vacile en el apoyo inicial al cuerdo por parte del Gobierno sanchista. El PP ahora exige garantías de controles fronterizos y salvaguardas, influido por elecciones regionales inminentes y la competencia del partido Vox, que califica el pacto de «invasión masiva» de productos extranjeros.
A pesar de los beneficios geopolíticos que la UE busca –como diversificar el comercio ante tensiones globales–, el acuerdo sigue estancado por estas resistencias. Los agricultores y ganaderos de España y Francia argumentan que prioriza intereses corporativos sobre la sostenibilidad rural, y exigen una revisión profunda para evitar un «desastre» económico y ambiental. Con votaciones pendientes en el Parlamento Europeo, el futuro del pacto pende de un hilo.
(Melilla) Debe/debería ver a las empresas como la solución y (también aplicable al resto de España) debe/debería trabajar para atraer inmigrantes con ganas de trabajar que no sean españoles de conveniencia, sino españoles con arraigo y por convicción.
El presente de Melilla
Es una sociedad comunista, con un tejido empresarial casi inexistente, que tiene un problema latente que es la “marroquinalización” (españoles que se sienten marroquíes) de parte de la población. Es entendible el respeto (e incluso el amor) al país de origen, pero en España y Melilla se debe trabajar por conseguir que los que emigran a nuestro país o ciudad se sientan españoles y defiendan al país por encima de cualquier otro (incluso el país de origen).
El futuro
Es incierto y nadie lo conoce, pero me aventuro a pensar/creer/vaticinar que Europa será más fuerte militarmente y también más independiente económicamente de los dos bloques actuales (China y EEUU). Veo/espero una España sin Sánchez y compañía, que tendrá una nueva Ley Electoral (que acabará con las peticiones sin fin de los nacionalistas) y un creciente apoyo a empresas y autónomos. Melilla, por su parte, debe/debería ser Comunidad Autónoma, debe/debería ver a las empresas como la solución y (también aplicable al resto de España) debe/debería trabajar para atraer inmigrantes con ganas de trabajar que no sean españoles de conveniencia, sino españoles con arraigo y por convicción.
