La Comisión de Distritos celebrada este lunes, tres días después de finalizar el plazo de inscripción, no ha resuelto las dudas de los populares, que insisten en que el procedimiento que se ha seguido “es manifiestamente irregular”
Este lunes, tres días después de finalizar el plazo de inscripción para participar en el proyecto ‘Melilla, Raíces Digitales’, la Comisión de Distritos ha celebrado la comisión prometida por el consejero del área, Mohamed Ahmed, para abordar con todos los grupos de la Asamblea este programa formativo, por el que la Ciudad Autónoma ha suscrito un convenio de colaboración de subvención excepcional directa con la entidad foránea Raíz Digital S.L. por 485.000 euros. El PP ha dejado claro que esta comisión no ha resuelto ninguna de sus dudas y, por ello, sigue con su intención de llevar el asunto al juzgado.
A la salida de la comisión, el portavoz del PP en la Asamblea, Miguel Marín, ha afirmado que estaban igual que como entraron, ya que el Gobierno local “no ha dado ningún tipo de explicación convincente sobre las razones” que le han llevado a “otorgar a dedo una subvención directa a una empresa foránea”.
El PP ha basado su postura en esta comisión “no en opiniones o apreciaciones”, sino en el informe del Interventor de la Ciudad Autónoma, que “empieza diciendo que no entra a valorar si el convenio cumple con los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones”, sino que “se limita a comprobar que hay un informe favorable del secretario técnico”.
En este informe, el interventor indica que valorará más tarde si el procedimiento ha seguido con todos los requisitos, aunque “deja de manifiesto que no ha cumplido con los requisitos de publicidad” para que se conceda dicha subvención.
Por orden de llegada
“También deja claro que el convenio no recoge el procedimiento para seleccionar a las personas beneficiarias de esa subvención”, es decir, los alumnos de este curso, ya que “simplemente dice que será por orden de llegada”, lo que para el PP supone “una incongruencia” porque mediante este programa se concederá una titulación similar a la universitaria “pero permite que se incorpore cualquier persona, independientemente de si tiene un mínimo de formación o si sabe encender un ordenador o no”.
Marín lo ha calificado como “un despropósito” porque “no se lo cree nadie”, pues para hacer un curso de ese nivel es necesario que sus alumnos tengan “unos mínimos conocimientos, aunque sean básicos”.
Esta cuestión tampoco ha sido aclarada por el consejero durante la Comisión de Distritos celebrada este lunes. “Ni tampoco ha comprobado la consejería la solvencia económica de la empresa” para concederle 485.000 euros para la puesta en marcha de este programa. Para el PP, se trata de “una temeridad”.
Por todo ello, los populares han salido de la comisión “con las mismas dudas e incertidumbre”, pero “con la convicción de que el procedimiento administrativo es manifiestamente irregular”.
En el PP están convencidos de que el interventor terminará advirtiendo de ello “en el momento procedimental oportuno”. No obstante, dicho grupo político ha anunciado que remitirá al interventor un escrito señalando que el programa aprobado en el Consejo de Gobierno es posterior a su informe y “no cumple con las situaciones que él mismo ha expuesto”. Esta circunstancia, en palabras de Marín, deberá llevar al interventor a exigir a Distritos que “subsane las deficiencias que el propio interventor ha advertido”.
Tras este “primer paso” de trasladar al interventor “la realidad de los hechos” y que “no se han subsanado las deficiencias del convenio tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno”, el PP tiene intención de denunciar los hechos en los tribunales de justicia porque “el procedimiento es manifiestamente irregular” y “no ha cumplido con lo recogido en la Ley General de Subvenciones”.
