Por las supuestas irregularidades que han venido denunciando a lo largo de este mandato públicamente, y también en los juzgados “con papeles en la mano”, por la falta de aclaraciones en los expedientes
El PP ha anunciado su intención de hacer una auditoría del uso que ha hecho del dinero público el Ejecutivo local en esta legislatura si, tras las elecciones del 28 de mayo, vuelve a tener responsabilidades de gobierno. El presidente regional del PP y candidato a la cita electoral, Juan José Imbroda, hizo este anuncio hace unos días en un acto público, después de que uno de los asistentes preguntara si había intención de hacer una investigación al respecto.
Fuentes del PP han explicado a MELILLA HOY que la razón por la que tienen intención de impulsar esta auditoría es por sus dudas de que se haya llevado a cabo un buen uso del dinero público. Unas supuestas irregularidades que han venido denunciando a lo largo de este mandato públicamente, y también en los juzgados “con papeles en la mano”, por la falta de aclaraciones en los expedientes.
El último caso, como reseñan desde el PP, es por el que han pedido una comisión de investigación que no ha sido creada, por ahora, sobre la obra de emergencia de la playa de Horcas Coloradas. La formación popular recuerda que esas obras costaron 2,3 millones de euros, un gasto que considera supuestamente “irregular” por varias razones, una de ellas, la importante diferencia de precio de la piedra empleada respecto a la que hay en el mercado.
Otro ejemplo que pone el PP para justificar la necesidad de esa auditoría es la investigación que está haciendo la Fiscalía sobre las subvenciones por la creación de empleo por parte de la Consejería de Distritos y que derivaron en un gasto de dos millones de euros. “Muchos empresarios se quedaron fuera de estas ayudas, que sí llegaron a otros sin ningún tipo de rigor, en una concesión resuelta en un día festivo para la administración”, apuntan las mismas fuentes populares.
Contratos menores
El PP también señala como razón para esa auditoría el gasto de 62 millones de euros en contratos menores. “No queremos decir que sean ilegales todos, pero en más del 70 % no se han pedido el mínimo de tres ofertas que exige la Ley. Otra cosa que también nos preguntamos es la experiencia y la solvencia de parte de las empresas adjudicatarias de estos contratos, haciendo un daño incalculable a las empresas de toda la vida, con un recorrido en esta ciudad, a las que han ninguneado desde la administración”, apuntan las mismas fuentes del PP.
Sin la auditoría anunciada
Desde este partido creen que “hay mucho que analizar” sobre el uso del dinero público en los últimos cuatro años, para saber “donde se ha dirigido tanta subvención y dinero público sin el suficiente rigor y con muchas dudas” por parte del PP.
Y aseguran que, si dicha formación política vuelve al Gobierno, piensa hacer esa auditoría, a diferencia del Ejecutivo actual, que “dijo que iba a levantar las alfombras pero no han sido capaces de denunciar nada, a pesar de que crearon una Consejería de Regeneración Democrática que eliminaron a los pocos meses”.
