El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, y el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), han atribuido este miércoles al criterio que en cada momento toma en el perímetro fronterizo de las ciudades autónomas el hecho de que a veces sí se devuelva a Marruecos inmediatamente, 'en caliente', a los inmigrantes que logran acceder a territorio español, como se hizo con 23 el pasado 6 de febrero, y que en otras ocasiones se les traslade a la Jefatura Superior de la Policía y al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). "Son los profesionales los que reaccionan en función de los recursos con los que cuentan y simplemente tienen nuestro respaldo; se hace lo que dispone el profesional en cada momento", ha señalado Vivas al ser preguntado sobre por qué la mañana en la que fallecieron 15 personas tras un intento de entrada en grupo de cientos de subsaharianos a través de la playa del Tarajal se expulsó a 23 indocumentados y a finales de septiembre, en el mismo espacio, los cerca de 100 que lograron llegar al arenal se quedaron en la ciudad española. Barreiro se ha alineado con Vivas en su "apoyo claro al delegado del Gobierno y a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil por su entrega continua y ejemplar en las fronteras para garantizar nuestros derechos", aunque se ha negado a "hablar de cuestiones operativas" como la instrucción verbal para que la Benemérita deje de usar pelotas de goma para contener intentos de entrada irregulares en Ceuta o Melilla. El senador ha cargado en rueda de prensa tras permanecer toda la tarde en la ciudad autónoma contra la "irresponsabilidad" de los grupos políticos que reclaman una Comisión de Investigación sobre la tragedia y ha sido especialmente crítico con el PSOE, a cuyos líderes ha reprochado que "hoy dicen lo contrario que en 2005, cuando el PP sí trató como una cuestión de Estado, que es lo que es, las muertes que tuvieron lugar en el perímetro fronterizo de Ceuta como consecuencia del problema migratorio". Barreiro y Vivas han coincidido también en exigir a la Unión Europea y "a todos los países que la componen" que se impliquen en la custodia de "la puerta de nuestra casa común".
