El PP puso ayer en duda que la política de buena vecindad entre Marruecos y Melilla se esté aplicando de manera bilateral por ambas partes, sino de forma “unilateral” por la parte española, después de que el país vecino haya tomado decisiones como el cierre de la aduana comercial, el “potencial abuso” en la escolarización y los menores extranjeros. En rueda de prensa, el diputado nacional del PP por la circunscripción de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, informó de que ha presentado tres preguntas escritas al Gobierno en el Congreso relacionadas con esas tres cuestiones, que están relacionadas con Melilla y la política de buena vecindad con Marruecos.
Sobre la aduana comercial, Gutiérrez Díaz de Otazu recordó que era su prioridad tras el cierre de la aduana comercial de la frontera de Beni-Enzar el 1 de agosto de 2018, “unilateral y, en principio, inamistoso”, lo que ha producido un perjuicio al mercado de transporte de mercancías, al mercado aduanero y el de exportación.
Por ello, el diputado ha preguntado al Gobierno “si existen actuaciones frente a las autoridades marroquíes en Rabat, ante las que hay que plantear si la política de buena vecindad ha de interpretarse de manera bilateral o de manera unilateral, como parece ser que estamos interpretando hasta la fecha”.
Según el parlamentario, “hay un perjuicio grande a un sector importante de la economía melillense y no parece coherente con la política de buena vecindad” que se aplica en la frontera, donde existe un régimen abierto de entrada y salida entre ambos territorios, lo que provoca que “la ciudadanía de Nador se beneficie de muchos servicios y asistencias” en Melilla.
Comercio atípico
El cierre de la aduana se une a las restricciones que recientemente ha establecido Marruecos al tráfico de mercancías del comercio atípico, un problema diferente pero que se encuentra en el mismo ámbito, con un núcleo común basado en la política de buena vecindad.
“Marruecos no puede pretender abierta o solapadamente que la vida en Melilla sea insostenible”, consideró Gutiérrez Díaz de Otazu, que dejó claro que con sus preguntas el PP no pretende “entrar en conflictos, en cierres unilaterales de la frontera o romper esa política de buena vecindad”.
Su objetivo, dijo, es “hacer entender que la vida en Ceuta y Melilla debe ser sostenible”, lo que “depende en buena parte de la actitud puesta de manifiesta por el Gobierno de Marruecos”.
Escolarización
Otra de las preguntas versa sobre un “potencial abuso de la política de buena vecindad” como es la escolarización de niños que no residen en Melilla, sino en la provincia limítrofe de Marruecos, y que “pueden tener acceso a alguna documentación como consecuencia de esa política, que alguien pudiera interpretar como suficiente para certificar la residencia”.
Por ello, el diputado ha preguntado qué medidas concretas lleva a cabo el Ministerio de Educación para verificar de manera fehaciente si los niños escolarizados en Melilla son residentes en la ciudad, habida cuenta que esta situación incrementa las ratios en el sistema educativo de la ciudad, además de un perjuicio y una “incapacidad de dar abasto”.
Menores
En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, asunto sobre el que gira la tercera pregunta, el diputado popular recuerda que en el centro de acogida de La Purísima hay en torno a 650 menores acogidos, pese a que está diseñado para tener una capacidad de 200, y hay indicios de que alrededor del 70 % de los menores son hijos de familias residentes en Nador.
“Es decir, que no son inmigrantes, sino niños extranjeros marroquíes de familias de Nador que tienen a sus hijos acogidos en La Purísima, pese a no ser ese el fin de ese centro”, de manera que “son niños depositados aquí por sus padres y recuperados por sus padres a conveniencia y en función del vaivén de las necesidades familiares”, indicó.
Por ello, ha preguntado si existen indicios fehacientes de esta sospecha de que muchos de estos menores tienen familia al otro lado de la frontera y si existe alguna actuación por parte de las autoridades españolas para promover el reagrupamiento familiar de estos niños mediante un proceso de readmisión.
“El PP no quiere crispar”
El diputado por Melilla negó que su intención con estas preguntas sea “crispar”, ni tampoco “poner en tela de juicio la capacidad intelectual o la eficacia administrativa de nadie. Preguntamos si se está haciendo algo y si se comparte la visión que tenemos o no”, aclaró.
Las preguntas de Díaz de Otazu se encuentran entre las más de 280 que ha presentado el PP en el Congreso desde el arranque de la legislatura, además de nueve proposiciones de ley, 11 proposiciones no de ley, una solicitud de comparecencia y tres peticiones de informes o documentación.
