El PP, Coalición por Melilla (CPM) y el Grupo Mixto, conformado por el único diputado de Somos Melilla, han firmado este lunes una moción en la Asamblea de la ciudad para rechazar el nuevo sistema de bonificación a la Seguridad Social que ha entrado en vigor en septiembre y que cambia el que se aplicaba desde 2004.
Los tres grupos, que suman 20 de los 25 diputados de la Cámara, han registrado esta moción para instar al Gobierno a que vuelva al anterior sistema de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
El texto de la moción respalda la carta que envió el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para solicitar una moratoria o aplazamiento de la aplicación del Real Decreto por el que se ha producido este cambio de modelo.
Además, insta al Gobierno de España a tomar una serie de medidas con carácter de urgencia, entre ellas, la realización de las modificaciones legales necesarias para volver al sistema anterior de bonificaciones a las cuotas patronales a la Seguridad Social y suspender la aplicación del nuevo sistema.
En la moción, anuncian que si el Gobierno de España no accede a esas peticiones, en un plazo no superior a 6 meses pondrán en marcha las potestades previstas en el Estatuto de Autonomía de Melilla para la elaboración de una iniciativa legislativa para recuperar el sistema de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social que estuvo vigente hasta el 31 de agosto.
Asimismo, se comprometen a que la Asamblea busque el mayor consenso político y social “para articular medidas y acciones encaminadas a la defensa de los intereses de Melilla y el blindaje de nuestro régimen económico y fiscal, a fin de evitar las decisiones unilaterales que ponen en jaque nuestra economía y nuestro futuro”.
Estos grupos dejan claro que el nuevo sistema implantado por el Gobierno es “notablemente dañino para el sector empresarial” de Melilla y Ceuta y sus trabajadores, además de “un agravio” que no soluciona “el problema de fondo y las consecuencias negativas que pueden suponer para nuestro tejido productivo”.
“Además, conseguirá el efecto contrario del objetivo de esta ley, que se supone que es el mantenimiento del empleo existente y la generación de empleo”, advierten estos tres grupos, convencidos de que “el Gobierno de España ha derogado un beneficio económico” que repercutía de manera positiva en empresarios y trabajadores desde 2004.
