Por Emilio Guerra
En política, la filosófica moralidad que justificaba el poder se ha ido desvirtuado desde su concepción originaria, en ocasiones haciendo buena aquella frase de Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.
A veces, la vanidad obnubila tanto al ser humano que nos puede llevar a estadios de superioridad moral impropios. Para la teología cristiana, la vanidad es un pecado capital, es una manifestación de soberbia y petulancia. Para el Islam, la forma de mantenerse alejado del orgullo y la arrogancia es tan simple como recordar quién es uno: “solo un ser humano, con una madre y un padre como el resto de los seres humanos”.
La circular IM/1/2022 de Procedimientos de Control Sanitario sobre las mercancías con destino o procedencia a la Ciudades de Ceuta y Melilla de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad (anula la circular anterior 1/2020), además de levantar una lógica polémica y originar llamadas a principios como la lealtad, marca los requisitos exigibles para controlar que todo producto de origen animal procedente de un tercer país -en este caso Marruecos por la frontera de Beni Enzar- “lo haga con todas las garantías sanitarias”.
A juzgar por esas exigencias recientes, apelando a la seguridad alimentaria de la población, podríamos deducir que en Melilla llevamos más de cincuenta años consumiendo pescado fresco, barato y de magnífica calidad sin control sanitario o con una supervisión aduanera deficiente que con la nueva norma se pretende mejorar: ¿Qué pasa ahora que antes no ocurriese?; ¿acaso no existían antes las inspecciones sanitarias al pescado en frontera?; ¿había entonces limitaciones al peso?
La disposición, que entró en vigor el día 8 pasado, dificulta su aplicación al régimen de tránsito de viajeros, puesto que el pequeño consumo particular -uno o dos kilos- producto de compras ocasionales para uso doméstico, casi siempre en fines de semana, no encuentra compensación ante tanta exigencia burocrática y restricciones.
No sé si pasar 10 kilos de boquerones -debidamente refrigerados- de lunes a viernes, con los certificados pertinentes de ambos países y documento sanitarios CHED-P, puede ser rentable para el menudeo público o venta posterior; pero claro, estamos hablando de tránsito de familias, de personas individuales que, por su ahorro, les pueda suponer llevar pescado fresco a la boca o no.
Según los últimos datos del año 2020 publicados por el INE, Melilla tiene a un 10,3% de su población -Madrid un 4% y País Vasco un 2,7%- con dificultades para comprar pescado un par de veces a la semana. Unas cifras que, tras la pandemia, el cierre de la frontera y la actual subida de los precios, me temo se van a duplicar.
Con el debido respeto a la legalidad vigente, que no siempre coincide con la razón, el interés o las necesidades del pueblo, estamos hablando de un abastecimiento básico que antes del cierre fronterizo nutría nuestras mesas con unos estándares de calidad-precio muy accesibles para cualquier estrato de la sociedad. Si Melilla sufre una de las inflaciones más altas del país, que fundamentalmente castiga a los más desfavorecidos y abre aún más la brecha entre pobres y ricos, espero no se me tilde de demagogo o irresponsable por estar en desacuerdo con una orden o medida que deseo sea sustancialmente corregida por antisocial, y lo hago apelando a la obligación y el compromiso que tienen nuestros gestores de facilitar las condiciones de vida a los melillenses, porque eso, sí que es lealtad.
