“Nosotros al final nos limitamos a sacar lo que la empresa dice que cuesta el servicio”, explica la titular del área, Randa Mohamed
La Consejería de Políticas Sociales afirma que “no puede hacer nada” para la elaboración de un nuevo convenio colectivo para la plantilla de trabajadores del Centro Integral de Personas con Discapacidad Intelectual Gámez Morón.
En rueda de prensa, la titular del área, Randa Mohamed, ha respondido a las últimas movilizaciones que han protagonizado los empleados del centro, exigiendo a la empresa Eulen la actualización del convenio colectivo que recoja un salario y condiciones laborales dignas para toda la plantilla.
Mohamed ha señalado que ha mantenido una reunión a tres bandas con la empresa encargada del servicio y con el Comité para mediar en la actualización de dicho convenio, afirmando que Eulen les trasladó que “iban a estudiar” cómo llevar a cabo dicho incremento de salario.
“Nosotros al final nos limitamos a sacar lo que la empresa dice que cuesta el servicio”, explica, afirmando que el área que ella dirige ha aumentado la cuantía para el nuevo contrato del servicio para que la empresa pueda volver a negociar con la plantilla.
“Siempre que se pueda se puede dividir un contrato de manera legal. La cuestión está en que estos servicios siempre surgen problemas con la empresa, con el suministro de material y con la atención a los internos del centro”, ha explicado la consejera, que entiende que, de este modo, se ‘fiscaliza’ la labor de la empresa en el centro.
“Cuando es una misma empresa es muy difícil que todas las irregularidades no llegan, mientras que, cuando conviven dos empresas del mismo centro es mucho más fácil para nosotros (saber) si alguna de ellas incumple alguna de las partes del contrato y, además, facilitamos el acceso a la contratación a empresas más pequeñas, que pueden ser melillenses”, apostilla.
