Podemos Melilla está estudiando el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en 2016 y no descarta la posibilidad de presentarlo ante la Fiscalía para que actúe de oficio si lo viera necesario. En una nota de prensa, la secretaria general de Podemos Melilla, Gema Aguilar, cree que tras la publicación de este informe, está claro que “en ese año, bajo la gestión del PP, se cometieron multitud de irregularidades al adjudicar y formalizar los contratos” del Ingesa. Para Aguilar, esta manera de proceder va más allá de no seguir los procedimientos formales porque como consecuencia “se produjo un gasto mucho mayor” del que debía haber sido si se hubiera actuado adecuadamente. “Todo esto no nos lo estamos inventando porque aparece bien explicado y recogido entre las conclusiones del mismo informe, de 168 páginas, en las que se desgranan las múltiples irregularidades cometidas por el PP a costa de nuestra sanidad”, ha señalado.
Asimismo, ha indicado que en el mismo documento se habla de pagos realizados a proveedores por la prestación de servicios sanitarios que se tramitaron al margen de los procedimientos de adjudicación formales, “lo que supuso el incumplimiento de principios de contratación como la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos”.
Además, ha incidido en que el Tribunal de Cuentas habla de contratos que no se justificaron debidamente o que ni siquiera llegaron a formalizarse, a pesar de que sí se contrataron los servicios, y expone que se realizaron pagos a los proveedores al margen de los procedimientos de adjudicación previstos.
Otro punto que ha llamado la atención de la formación morada es el que hace referencia a la prestación de servicios “sin que existiera un contrato en vigor que lo amparase”.
“Como consecuencia de la falta de formalización de los oportunos contratos en tiempo y en forma, el Tribunal de Cuentas asegura que hubo una ineficiente gestión de los fondos públicos y se incumplieron los principios de eficiencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa”, ha manifestado Aguilar.
Asimismo, ha destacado que en el informe se expone que “existió un fraccionamiento indebido del objeto del contrato”, algo que, como ha recordado la secretaria general local, está prohibido: “Esto, según se lee literalmente en el informe, provocó la concatenación de contratos menores consecutivos en el tiempo y con el mismo objeto, que además se adjudicaron a las mismas empresas”.
Asimismo, ha agregado que es el propio Tribunal de Cuentas el que concluye que la formalización de un único contrato, que abarcase la totalidad del objeto en casa uno de estos supuestos, podría haber permitido la obtención de ofertas económicas más ventajosas.
“Lo que parece es que el PP, con Francisco Robles como director territorial, pudo cometer en el Ingesa la misma mala praxis que se llevó a cabo en la Consejería de Bienestar Social cuando María Antonia Garbín era consejera, por lo que ahora está condenada”, ha hecho hincapié.
“Queremos saber si, como ocurrió con el caso Abogados, también se ha cometido una prevaricación intencionada al gestionar nuestra sanidad”, ha cuestionado.
Podemos ha apuntado que, aunque la dirección del Ingesa haya cambiado, quiere saber si, tras tener conocimiento de este informe, se van a pedir explicaciones o si se han pedido ya al anterior director territorial, Francisco Robles.
“Merecemos saber por qué se ha hecho esta gestión tan deficiente con nuestro dinero, por qué se ha caído en el derroche y si se han cometido tratos de favor con determinadas empresas al adjudicarles los servicios sin que compitieran en igualdad de condiciones con otras entidades”, ha subrayado Aguilar.
