La Confederación Española de Policía en unión con la UFP y SPP, fuerzas sindicales que representan en su conjunto a la mayoría de los policías nacionales, se han reunido el pasado lunes día 28 con el Director de la Policía para Pedir la equiparación salarial con respecto a las policías autonómicas, como los mossos d`escuadra.
El contexto salarial actual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen indignado a la mayoría de los integrantes de este colectivo. El estancamiento durante todos estos años en las negociaciones sobre la equiparación salarial con las policías autonómicas, se ha puesto sobre la mesa y se ha dirigido un escrito al Ministro del Interior, firmado por las tres organizaciones anteriormente mencionadas, para poner en marcha cuanto antes esta cuestión y se refleje en los presupuestos generales de 2018.
En CEP no queremos que en el territorio Español existan Policías de primera clase o de segunda en lo que afecta a las retribuciones económicas, porque el trabajo y el riesgo de salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos es el mismo, con independencia del lugar donde se encuentre.
Esta discriminación salarial, podría crear divisiones en lo que respecta a la Unidad de todas las fuerzas del orden del ordenamiento territorial de España, motivo por el cual un mossos d`escuadra, nunca querría integrarse en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque ello conllevaría la pérdida de poder adquisitivo del que goza actualmente en comparación con un Policía nacional o un Guardia Civil, que en algunos casos ronda los 1.000 Euros de diferencia.
Con el mismo salario de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también se cierra la puerta a un posible intento de politizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por parte de algún Gobierno Autonómico. En CEP, UFP y SPP estamos convencidos de que este Gobierno puede hacer un esfuerzo para dignificar las retribuciones de los policías nacionales.
Comenzar cuanto antes a transitar por el camino de la equiparación. Hay margen de actuación para que no tenga que afectar al resto de la función pública y sea un reto asumible. Hay precedentes de todos los ministros. Hay razones más que sobradas para ello. Contamos con el apoyo político de las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes y con un apoyo social evidente a una medida así.
