El Ministerio Fiscal pide una pena de 5 años de prisión para J.A.C., un sargento de la Guardia Civil destinado en Melilla, acusado de facilitar información sobre una operación antidroga declarada secreta a dos de los investigados, a cambio de 120.000 euros. El juicio se celebra desde mañana al miércoles en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2003, cuando la Guardia Civil y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla y Almería iniciaron investigaciones en torno a una organización que pretendía introducir hachís desde Marruecos a España. Se acordó la intervención telefónica de dos personas, los acusados A.M.M. y J.L.G.V., junto con la empresa Fátima Murcia S.L., perteneciente al primero de ellos; dando lugar finalmente a la interceptación de un camión cargado con 9,1 kilos de hachís en el puerto de Almería, en la que fue declarada la 'Operación Palmera'. El guardia civil acusado, destinado desde 2001 como sargento jefe del grupo de Policía Judicial Antidroga de la Comandancia de Melilla, atravesaba por esas fechas dificultades económicas y aprovechándose de su condición fue sacando documentos de dicha operación. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, ninguno de los investigados había sido hasta entonces llamado a declarar, ni sufrido detención en esta causa ni tenían conocimiento de que estaban siendo objeto de investigación.
Documentación
En fechas próximas a la interceptación del camión, el acusado contactó con A.M.M. para concertar una cita en la que le explicó que estaban siendo investigados por la Guardia Civil y que él podía sacarlos del lío a cambio de 120.000 euros. Para acreditarlo, enseñó un dossier con el emblema de la Guardia Civil, documentación de la operación y su placa. Ante lo que los investigados accedieron al pago, pactándose el pago en entregas periódicas.
A partir de entonces, el sargento comenzó a recibir cada vez que iba a Murcia unos 3.000 euros, alcanzando en total los 21.000 euros.
El guardia civil acusado mantenía una tensa relación con sus mandos en Melilla y desde enero de 2004 se le impidió el acceso a la documentación sobre la operación y se le abrió expediente disciplinario, siendo cesado en el destino de Melilla en agosto de ese año. El acusado presentó entonces una querella criminal contra el teniente y otros 13 miembros de la Guardia Civil de Melilla y Almería por presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas, falsedad documental, prevarización y omisión de perseguir determinados delitos, entre otros ante la Audiencia Nacional. Pero se ordenó el archivo de las actuaciones. También denunció un robo de hachís de un almacén de La Hoya, que también imputó a la guardia civil, que el Juzgado de Instrucción 3 de Lorca archivó. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de cohecho para los tres acusados, así como de un delito de descubrimiento y revelación de secretos para el guardia civil.
En concreto, el Ministerio Fiscal pide para el guardia civil la pena de cinco años de prisión, una multa de 42.000 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de cinco meses, inhabilitación para empleo y cargo público por nueve años por el delito de cohecho. Por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, pide la pena de 15 meses de multa con cuota diaria de seis euros e inhabilitación para empleo o cargo público por dos años.
Para A.M.M pide la pena de dos años de prisión y multa de 18.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de tres meses e inhabilitación para empleo y cargo público por cinco años.
Mientras que para J.L.G.V., el fiscal solicita la pena de un año y nueve meses de prisión, una multa de 2.500 euros con arresto sustitutorio en caso de impago de 20 días, así como inhabilitación para empleo y cargo público por cuatro años.
