El Gobierno de Melilla suma un caso judicial más a la ya larga lista que acumula desde que cogió las riendas de la Ciudad Autónoma hace dos años. Se trata de la autoayuda para la compra de un vehículo eléctrico que pidió Francisco Vizcaíno, quien entonces era viceconsejero de Medio Ambiente, el área que las concedía. Un caso que terminó con la dimisión de Vizcaíno, presionado tanto él como su partido por la gran polvareda que originó la autosubvención, de más de 5.000 euros.
Aquello provocó una fractura más que evidente entre los dos principales socios del Gobierno, porque Vizcaíno fue la única víctima del escándalo pese a que el consejero Hassan Mohatar también intervino dando el visto bueno al expediente con su firma. Se escudó en los técnicos, una excusa que no sirvió para que Vizcaíno conservara su cargo. Y la prueba de la fractura definitiva entre Coalición por Melilla y el Partido Socialista fue que aquella consejería mixta de la que presumían como símbolo del entendimiento entre los socios acabó para siempre, porque la persona que relevó a Vizcaíno no ocupó la Viceconsejería de Medio Ambiente, sino otro cargo nuevo en Políticas Sociales. El Gobierno, para resarcir a Vizcaíno por ser esa única víctima, lo nombró pocos meses después vocal en el Consejo de Administración del puerto, sin más publicidad que el BOME. Quizá el tripartito consideró que no era un tema para darle demasiado bombo después de la tormenta de la autoayuda.
El caso es que este asunto ha terminado en los juzgados porque la fiscal jefe de Melilla ha pedido la imputación de Vizcaíno y de Mohatar, los dos políticos por los que pasó la subvención. Uno, por pedirla. Otro, por concederla. El Ministerio Público cree que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación administrativa y/o malversación de caudales públicos. Será el juez quien diga si hubo delito en unos hechos que nunca debieron suceder, aunque no lo fueran, por ética política y regeneración. Ni aunque sobrara ese dinero llegado para fomentar la movilidad sostenible, como alegó Vizcaíno, algo que, por otro lado, tampoco es para sacar pecho, porque es un indicador del fracaso de la convocatoria o de las políticas que estuvieron llevando a cabo para impulsar esa otra forma de moverse por la ciudad más verde, saludable y amable.
El Gobierno no puede acusar tampoco a la oposición de estar cada dos días en los juzgados declarando. Es cierto que la oposición denuncia, pero cuando el caso avanza en los tribunales, es porque tiene base para investigar. También quienes gobiernan ahora denunciaron en su día desde la oposición, por lo que no pueden victimizarse de algo que también practicaron no hace tanto tiempo.
La actitud a la hora de declarar por parte de algunos de los citados también denota que no hay mucha tranquilidad con la gestión realizada, como por ejemplo, la del presidente en el caso grúa, que basó su declaración en esquivar responsabilidades y endosarlas a funcionarios y compañeros de Gobierno con nombres y apellidos. El presidente entendió perfectamente la pregunta, algo que la consejera Almansouri puso en duda hace escasos días. La grabación del interrogatorio, a la que tuvo acceso este Diario, no deja lugar a esas dudas a las que apuntó la consejera, quizá para quitar hierro al tema. Como en el caso anterior, habrá que esperar a la decisión de la autoridad judicial para ver en qué queda todo ese asunto.
