Diez organizaciones humanitarias radicadas en Marruecos, incluida la católica Cáritas, e importantes colectivos civiles en favor de los derechos humanos están estrechando la presión sobre los Gobiernos de España y Marruecos para evitar que se impulse el acuerdo para ejecutar las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares, según recoge el diario “El País”. El presidente del Consejo Nacional marroquí de Derechos Humanos (CNDH, oficial), Dris Yazami, recordó este martes que las expulsiones colectivas de inmigrantes desde las fronteras de Ceuta y Melilla hacia Marruecos son "contrarias al derecho internacional".
En una rueda de prensa en la sede de la agencia MAP, Yazami fue preguntado por las expulsiones de inmigrantes subsaharianos desde España a Marruecos y sobre si se estaban realizando conforme al derecho.
Yazami reconoció que todo país tiene derecho a regular la entrada de emigrantes en sus fronteras, pero consideró que, cuando se producen expulsiones por encontrarse irregularidades, deben ser individuales y llevarse a cabo "siguiendo un debido proceso judicial".
Reunión
Precisamente hoy iba a tener lugar en Tánger una reunión (finalmente aplazada sine die por los funerales de Adolfo Suárez) entre los ministros del Interior de Marruecos y España para estudiar la forma de agilizar los procedimientos de entrega de subsaharianos de la policía española a la marroquí cuando se abortan intentos de entrada ilegal en España.
Las ciudades de Ceuta y Melilla llevan sufriendo una permanente presión migratoria durante lo que va de 2014, con repetidos intentos de asalto a sus vallas fronterizas por parte de subsaharianos.
Tras cada asalto abortado, la policía marroquí realiza redadas entre los inmigrantes del perímetro fronterizo y los traslada por la fuerza a otras ciudades, generalmente Rabat y Casablanca, desde las que la mayoría de ellos vuelve hacia las fronteras para intentarlo de nuevo.
