Preferiría no comentar nada sobre la deuda pública de España pero creo que es obligado por el peligroso volumen de la cuantía emitida (más del 100% del PIB español) y porque existe el riesgo de que siga creciendo ante las presiones que sufrirá el nuevo gobierno para “gastar más”, dadas las circunstancias políticas de la investidura del Sr. Rajoy como Presidente del Gobierno que ha necesitado el apoyo de los diputados de C´s y la abstención de los PSOE .
No sólo hay que tener el “santo temor al déficit público” (Echegaray) y, actualmente, se deben cumplir los límites del déficit marcados por el pacto de estabilidad de España con la Unión Europea (excesivo en 2016 y fijado en el 3,1% para 2017) sino que también es necesario que los ciudadanos españoles seamos conscientes de que el gasto público excesivo respecto a los ingresos presupuestarios del Estado obliga a endeudarse y que ese exceso implica vivir por encima de nuestras posibilidades reales; además ese exceso significa que los ciudadanos de hoy actuamos de modo egoísta pues trasladamos la obligación de pago de la deuda a las generaciones futuras y, finalmente, debemos comprender que para los intereses estratégicos del Estado una deuda pública tan elevada es peligrosa ante eventuales subidas de los tipos de interés o de cambio de la política monetaria cuantitativa del Banco Central Europeo o de otras circunstancias sobrevenidas en nuestro mundo cambiante.
El montante de deuda viva, superior a l billón de euros equivalente al 100% del PIB, excede del 60% del máximo señalado en el Pacto de Estabilidad económica europea, es decir, excede en más de 400.000 millones de euros el límite permitido; pero no sólo es preocupante este volumen sino también la velocidad de crecimiento de la deuda desde 2008 pues esta última cifra ha crecido en estos años.
Sin embargo, los programas de casi todos los partidos políticos defienden y proponen “gastar más”, rematando esta idea-obsesión con la muletilla de que se han hecho “recortes” sociales en los años de crisis lo cual es falso pues basta ver que la deuda pública española casi se ha doblado entre 2008 y 2016 y su destino ha sido mantener el nivel del estado de bienestar y atender al subsidio de desempleo.
PSOE, P´s e incluso C´s (con matices) pretenden aumentar el gasto público social y subir los impuestos pero deben tener cuidado para no matar o agotar las gallinas de los huevos de oro que somos los ciudadanos asalariados, los autónomos y las empresas, pues puede llegar un momento en que la presión fiscal les anime a desplazarse de España, dejar de trabajar o abandonar la asunción de riesgos empresariales.
La razón y el equilibrio son necesarios en todos los ámbitos de la vida de la persona y lo mismo ocurre en la vida pública por lo que, en el ámbito presupuestario hay que ser muy prudentes de modo que los gobernantes, con pedagogía insistente, han de frenar los deseos de aquellos grupos sociales que creen poder exigir más gasto pensando que los recursos públicos son ilimitados. Por ello, la labor didáctica es trascendental y los partidos han de ser responsables por sus ofertas de promesas utópicas en busca de votos. Así pues, el gobierno debe resistir el embate de quienes pretenden más gasto, y ha de aguantar la exigencia y el desgaste que le vendrá desde la opinión pública.
El Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Comín Comín, en su trabajo sobre “La crisis de la deuda soberana en España (1.500-2015), comenta (pag. 308) que el hecho de crecer en 2015 al 3% del PIB y algo parecido en 2016, ha facilitado alegrías del gasto por razones electorales pero que estamos ante un espejismo que “nos puede llevar a pensar que la deuda pública no es un problema. Lo que puede estar sucediendo es que el experimento monetario de la flexibilización cuantitativa… esté postergando y encubriendo la insostenibilidad estructural de la deuda en los países del sur de la eurozona, entre ellos España”.
Me encantaría opinar distinto a lo dicho por este catedrático pero, lamentablemente, estoy de acuerdo con los peligros que señala. Además del excelente crecimiento económico español, real y esperanzador en la creación de empleo, concurren otros dos factores que animan a “los gastosos” a perder el miedo a la deuda; son, los bajos costes de financiación pública consecuencia de la reducción de la prima de riesgo y la aparente ilimitación de recursos procedentes del BCE; pero es una realidad que las condiciones económicas no son permanentes a lo largo del tiempo y pueden producirse cambios en la política (cuantitativa) monetaria del BCE y en la evolución al alza de los tipos de interés que provocarán gran nerviosismo y preocupación.
Por ello conviene no aumentar el gasto público, sino redistribuir y gestionar mejor.
Para gestionar mejor hay que poner objetivos claros; así:
a) Reducir gastos públicos (no de inversión) reduciendo entes y organismos de las Administraciones Públicas, eliminando entes improductivos, duplicados y evitando contratación de personal interino innecesario;
b) Mejorar la gestión administrativa limitando plazos procedimentales, estableciendo el criterio general del silencio positivo para resolver los expedientes administrativos y fijando mecanismos de control de calidad de la acción administrativa; es decir, hay que introducir sistemas de gestión eficaz análogos a los existentes en otros países de nuestro entorno occidental; y
c) Facilitar la creación de empleo cuyo efecto inmediato reduce los gastos por desempleo y, paralelamente, incrementa los ingresos fiscales y las cotizaciones sociales.
CONCLUSIÓN: El Gobierno de España necesita hacer una política presupuestaria ortodoxa sin caer en la comodidad de atender la presión de los grupos políticos que aspiran a que se realice más gasto publico. Ciertamente el gobierno sufrirá un desgaste político pero conviene resistir y hacer labor pedagógica mostrando los riesgos de tanta deuda pública y enseñando a temer el déficit público aunque actualmente tengamos las facilidades derivadas del crecimiento económico. En el mundo todo es cambiante y el volumen actual de deuda pública de España se puede convertir en un riesgo para la estabilidad del Estado ante posibles cambios de la política monetaria del BCE.
