La acusación y la defensa del juicio iniciado a raíz del siniestro alcanzaron un acuerdo en el año 2004 por el que los responsables del depósito de agua -ocho ingenieros de Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa Forvap y la Confederación Hidrográfica del Sur- aceptaron ser condenados a una pena de 11 meses de prisión y 14 de inhabilitación para cada uno, aunque ninguno ingresó en prisión por carecer de antecedentes penales.
El fiscal y la acusación pedían cerca de once millones de euros de indemnización para los perjudicados pero las contraprestaciones económicas a los 600 damnificados fueron asumidas por las aseguradoras dentro de los límites de sus pólizas. El Ministerio de Medio Ambiente asumió la responsabilidad patrimonial a la espera de que la vía judicial depurase todas las responsabilidades. El ministerio entregó casi cinco millones de euros para cubrir los daños que sufrieron los damnificados, familiares de las víctimas, vehículos, enseres, lesiones personales, daños en locales y en organismos públicos.
Tras el siniestro Melilla fue un ejemplo de solidaridad y unión durante esos duros momentos de la riada y en las jornadas posteriores. Todo el mundo aportó lo que pudo, ya fuese un hombro para retirar escombros en la búsqueda de víctimas, o su apoyo moral e incluso económico a las familias afectadas.
