Ni tres meses

A juzgar por cómo se han ido sucediendo los acontecimientos en los últimos meses, da la impresión de que la Comandancia de la Guardia Civil es, hoy por hoy, uno de los destinos más complejos de cubrir en el Benemérito Cuerpo. Su último jefe, el coronel Jesús Torresano Muñoz, no ha durado ni tres meses en el puesto. Pero tampoco hay que olvidar que, antes de su nombramiento, a mediados de noviembre del año pasado, ese cargo estuvo vacante durante nada más y nada menos que cinco meses, ya que desde finales de mayo se sabía la marcha de Antonio Sierras, quien había sido el coronel jefe de la Comandancia desde el verano de 2016, es decir, en los últimos seis años.
Cinco meses con el puesto vacante, como decíamos, que fueron, además, muy convulsos, ya que justo en ese periodo se produjo el intento de entrada más trágico en las fronteras españolas, como fue el salto a la valla del 24 de junio de 2022. Muy difícil papeleta para el teniente coronel Arturo Ortega, que, como en esos cinco meses sin coronel, ahora tendrá que volver a hacerse cargo de la jefatura de la Comandancia hasta que el Ministerio del Interior designe oficialmente a un nuevo jefe, sin que se sepa cuándo ocurrirá eso.
La destitución de Torresano fue ayer una de las principales noticias nacionales del día. No es para menos, ya no sólo por lo llamativo de su corta duración, sino también porque no pocas voces sitúan el motivo lejos del argumentario empleado por Interior y relacionan el cese con la petición del coronel de un protocolo en la valla que proteja a los guardias civiles en su actuación, dificilísima y analizada bajo lupa a raíz del salto a la valla del 24-J, como hemos podido comprobar, con los informes del Defensor del Pueblo, investigaciones que ponen en duda la legalidad de cuanto se hizo aquel día y hasta una expedición parlamentaria que derivó, posteriormente, en una comparecencia del propio teniente coronel en el Congreso de los Diputados.
Llevamos años hablando de ese protocolo que supuestamente pidió el coronel Torresano, porque varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil lo han pedido por activa y por pasiva. Parece una petición razonable, vistos los enormes problemas que provoca la protección de las fronteras terrestres y marítimas y que han terminado, algunos de ellos, en los tribunales. La gran pregunta es por qué el Ministerio del Interior de este Gobierno -y también el del anterior- es reticente, si a priori podría ahorrar muchos quebraderos de cabeza y daría una mayor garantía a los agentes a los que manda proteger la valla sin apenas medios.
Nadie se cree que el coronel Torresano no fuera idóneo para el puesto o que este cese se deba a que le han destinado a la Jefatura de Enseñanza. Todo apunta a que Interior lo ha fulminado por pedir un protocolo que, de haber existido, probablemente hubiera evitado incertidumbre, sobre todo, pero también una utilización política de la Guardia Civil muy injusta para el Cuerpo. Este cese, a 24 horas de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, no hace más que echar leña al fuego. Por eso no sería descabellado lo que apuntábamos al principio, y es que Melilla se haya convertido en un destino a evitar en la Guardia Civil. Nuestra ciudad no se lo merece.

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