Un toque de atención necesario para INGESA en Melilla

El reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la asistencia sanitaria especializada en Melilla no solo es una llamada de atención: es un aviso urgente que no puede seguir ignorándose. Las conclusiones del órgano fiscalizador, que analizó la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) durante los ejercicios 2022 y 2023, evidencian una larga lista de carencias estructurales que afectan directamente a la salud y bienestar de miles de melillenses.

Retrasos, vacantes sin cubrir, deficiente planificación, adquisiciones irregulares y sistemas obsoletos. Esta es la radiografía actual de un sistema sanitario que, según los expertos, lleva años acumulando fallos sin que se apliquen soluciones reales. Un panorama que respalda con rotundidad las reiteradas denuncias del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla (ICOMME), que ha sido, durante años, la voz de alarma frente a una administración sorda y ciega a las necesidades locales.

La falta de oncólogos, denunciada en febrero, no es una anécdota: es una tragedia. La carencia de especialistas pone en riesgo la vida de los pacientes y deteriora aún más la confianza de la ciudadanía en el sistema público de salud. Como ha señalado el propio presidente del ICOMME, Justo Sancho-Miñano, “nos alegra saber que el Tribunal de Cuentas coincide con el Colegio de Médicos en todo lo que se ha dicho durante todo este tiempo”. Una frase que suena más a resignación que a victoria.

Entre las críticas más duras del Tribunal destacan las irregularidades en las adquisiciones de material sanitario, ejecutadas sin respetar los principios de publicidad y concurrencia, así como la falta de control sobre servicios externalizados y la ineficiencia en el cobro de prestaciones a pacientes no cubiertos. A esto se suma la obsolescencia de los sistemas informáticos del Hospital Comarcal, una infraestructura tecnológica insuficiente que lastra la gestión clínica y administrativa.

Peor aún es la ausencia de avances desde la última fiscalización en 2018. Cinco años de oportunidades perdidas, de promesas incumplidas y de parches temporales. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando, y los profesionales, desmotivados y sobrecargados, continúan luchando contra una maquinaria burocrática que no reacciona.

Acceda a la versión completa del contenido