“Nosotros hemos cumplido la Ley escrupulosamente, siempre”. De esta manera, la consejera de Administraciones Públicas, Catalina Muriel, desmintió ayer en declaraciones a MELILLA HOY que la Ciudad Autónoma esté cometiendo una irregularidad al designar a uno de sus funcionarios como interventor accidental a pesar de que este puesto debería estar ocupado por un funcionario habilitado nacional. De este modo, negó las acusaciones del diputado de PPL, Julio Liarte, que días atrás afirmó que el Gobierno local no tenía voluntad política de cubrir el puesto de interventor para no ser controlado. Para Muriel, las declaraciones de Liarte carecen de lógica, ya que considera que el Gobierno local ha dado muestras de su interés por cubrir el puesto sacando en 2014 dos veces esta plaza a oposición, una el 1 de agosto y otra el 1 de noviembre. Sin embargo, en ambas quedó desierta. El Gobierno local estudiará si vuelve a sacar la plaza en los cinco meses que restan de legislatura o decide esperar a que el Estado saque una convocatoria extraordinaria este año para cubrir este tipo de puestos.
Muriel explicó que el Gobierno central lleva al menos cuatro años sin convocar oposiciones para el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional, que son los que deben cubrir determinados puestos en administraciones públicas municipales y autonómicas, como es el caso del interventor. La ausencia de convocatorias en todo este tiempo ha provocado una falta de este tipo de funcionarios para cubrir toda la demanda que hay en España, y es por lo que, según Muriel, ha sido imposible cubrir el puesto de interventor con un funcionario habilitado de carácter nacional no solo en Melilla, sino también en otros lugares del país.
“Melilla no es una excepción”, dejó claro la consejera al apuntar que hay muchas otras ciudades en las que se ha tenido que nombrar interventor accidental a un funcionario municipal mientras se resuelve la situación. Sin embargo, recordó que esta opción es perfectamente legal porque así lo recoge la normativa y, además, es lo único que se puede hacer por el momento porque la administración no puede quedarse sin interventor, ya que eso paralizaría toda la gestión.
En este punto, Muriel quiso romper una lanza a favor de todos los funcionarios que han desempeñado el puesto de interventor de la Ciudad Autónoma pese a no ser funcionarios habilitados de carácter nacional. Así, la consejera alabó la profesionalidad de estos empleados públicos, “totalmente profesionales y diligentes en su trabajo”, y acusó a Liarte de “poner en duda la honestidad y profesionalidad de funcionarios que han sido compañeros suyos”. “Me parece bochornoso”, agregó Muriel al recordar que el diputado de PPL, por su condición de funcionario, debería conocer el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, tendría que saber que “está mintiendo descaradamente” con sus declaraciones.
“Es rotundamente falso que este Gobierno no tenga voluntad política de cubrir el puesto. Hemos sacado la plaza dos veces en un año y ahí están las fechas”, insistió Muriel, convencida de que las críticas de Liarte se deben a que PPL es “un partido que parte del odio, el rencor y no saben qué hacer”. Sin embargo, opinó que “hay que ser muy torpe políticamente hablando para hacer este tipo de declaraciones que no tienen fundamento”.
Además de Muriel, también se pronunció en torno a este asunto el consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, que en Twitter lamentó que “Liarte vuelve a poner en duda honestidad y profesionalidad de funcionarios locales que han ocupado el puesto de interventor. Impresentable!”.
